La imputación de alguien en un sumario instruido por un juez sin que todavía medie sentencia no es una condena. Pero ante la opinión pública, y más si ese alguien está o estuvo vinculado en actividades derivadas de la acción política, las cautelas deben ser máximas. El caso es que Carlos Escó, exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA, e investigado por presunto desfalco y delito societario en el caso Plaza, será profesor de un curso para líderes latinoamericanos a los que aleccionará sobre el ejercicio de la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿No había otra asignatura?