Casi 60 años después de que fueran enterrados en el Valle de los Caídos sin informar ni pedir permiso a las familias, este lunes empezaron las obras de recuperación de los restos de cuatro víctimas de la guerra civil enterrados en el gran mausoleo, entre ellas, los hermanos Lapeña de la comarca de Calatayud. Ha sido necesario un largo proceso judicial para conseguir la entrada de las excavadoras en esa gran fosa común que es el Valle de los Caídos, símbolo de una de las asignaturas pendientes más lacerantes de la democracia española: la recuperación y devolución a sus familias de los restos de las víctimas de la guerra civil que descansan en fosas comunes. El pacto de voluntario olvido que, en un contexto histórico comprensible, sirvió para cimentar la naciente democracia en la transición se ha convertido en una vergonzosa e incomprensible inacción. Lo que empezó a suceder el lunes en el Valle de los Caídos no es revanchismo, sino reparación y, aunque muy tardía, justicia. El Gobierno de Mariano Rajoy no se atrevió a derrocar la ley de la memoria histórica, pero sí la deja morir de inanición. Nunca el carácter democrático de la derecha española que representa el PP será creíble hasta que rompa los vínculos emocionales con el franquismo, admita la necesidad de justicia de tantas familias y ponga el Estado de derecho a disposición de la memoria histórica y la necesaria reconciliación.
