El expediente abierto contra un bar de la calle Azoque de Zaragoza por albergar una fiesta privada con presencia de 120 personas el pasado fin de semana, debe acabar con sanciones ejemplarizantes. Por poner en riesgo no solo sus vidas y las de sus familias sino las de todos. Más de un centenar de individuos convertidos en vectores de transmisión de un virus que si, alguno de los asistentes era portador, puede generar un rebrote como los que se están viviendo en otras provincias por la inconsciencia de unos cuantos descerebrados. Pero es que, además, es un desafío al decreto que regula las reuniones en la fase 2 en la que se encuentra Aragón y puede ser considerado un delito contra la salud pública. El local puede ser sancionado con más de 3.000 euros de multa, pero lo asistentes también deberían ser reprendidos económicamente. ¿Todavía hay ciudadanos que creen que el virus se ha extinguido?
