La violencia de género es la principal causa de muerte o invalidez entre las europeas de entre 16 y 44 años, por encima del cáncer. No pasa una sola jornada sin que una mujer padezca una violencia salvaje sobre su persona sólo por el hecho de serlo. No podemos acostumbrarnos a esto y todos debemos poner, en nuestro ámbito, las actitudes necesarias para conseguir, por un lado, el preciso final de esta violencia sin sentido y, por otro, los cambios de actitudes y de comportamientos que son la base de esta lacra.
Los ciudadanos somos conscientes de que este es un drama social que hace que cada día se produzcan 140 denuncias de mujeres por malos tratos. Y los políticos, como representantes de la soberanía popular, debemos hacer todo lo posible para generar instrumentos que posibiliten por todos los medios la protección real de las mujeres. Por eso se ha planteado como uno de los principales objetivos de esta nueva legislatura la puesta en marcha de una ley integral, que permita la coordinación de las distintas políticas y administraciones públicas lo que supondrá mejorar la eficacia en la lucha contra este tipo de violencia, tanto en la prevención como en la protección.
España va a ser el primer país europeo que cuente con un texto legal integral que abarca aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios, laborales y penales implicando directamente a siete ministerios. Pero también hace corresponsables a todos los niveles de la Administración (Central, Autonómica y Local) y a las instituciones del poder Judicial, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, colegios profesionales, interlocutores económicos y sociales y movimientos ciudadanos. Porque esta ley se dirige a los poderes públicos, sí; pero también a la sociedad en su conjunto.
Y aunque genera discrepancias, nace con un alto consenso social, es un texto ambicioso y nos vamos a encontrar dificultades a la hora de desarrollarla en su conjunto. Si nos centramos, por ejemplo, en el título II que engloba los derechos laborales de las prestaciones de la Seguridad Social, así como los derechos de las funcionarias públicas se prevén la adaptación y reducción de la jornada laboral, la suspensión y extensión del contrato de trabajo, la movilidad geográfica y la inclusión en el Plan de Empleo de un programa de acción específico para las víctimas en situación de desempleo. En este punto, los sindicatos tienen mucho que decir a la hora de llevarla a los centros de trabajo. Es importante actuar en el marco de las relaciones laborales y enriquecer a través de la negociación colectiva el contenido de la ley, puesto que hay muchos derechos que pertenecen al ámbito de lo subjetivo. En el terreno de las dificultades, entre otras, es necesario modificar cinco artículos del Estatuto de los Trabajadores (movilidad geográfica, permisos, cobro del desempleo...) y también la ley general de la Seguridad Social. Las empleadas públicas, además, tienen unas condiciones laborales específicas y esta ley implicará la reforma de la 30/84 de reglamentación de la Función Pública para lo que será necesaria la coordinación de las diferentes administraciones.
Otros puntos clave de la ley son la adopción de medidas, en el ámbito educativo, tendentes a transmitir valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres, así como a la resolución pacífica de conflictos. En el ámbito sanitario, se contemplan actuaciones de detección precoz de la violencia sobre las mujeres a través de programas de sensibilización y formación a los profesionales.
En definitiva, esta ley tiene un alto contenido ideológico y dibuja conceptos de una sociedad progresista frente a planteamientos reaccionarios y conservadores que se empeñan en negarse a este texto legal con el único discurso de que las mujeres no son las únicas que sufren violencia. Su aplicación y desarrollo precisan de una gran movilización de la ciudadanía, del apoyo y compromiso de amplios sectores sociales. Porque el problema final no está en la legislación, sino en cómo va calando en la sociedad. Esta ley es uno de los ejes del programa del Partido Socialista que junto con la de conciliación y la de dependencia forman parte del patrimonio fundamental e ideológico de la izquierda y estructuran un Estado del Bienestar que tiene en cuenta a todos los ciudadanos y plantea la necesidad de tratar desigual a los desiguales como base para conseguir la igualdad real de las personas. Pero el compromiso es de todos y todas. Tenemos que conseguirlo.
*Diputado del Grupo Socialista por Zaragoza
