Parece más que justo que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón haya revocado un fallo por el que se autorizaba una indemnización de 300.000 euros a un exalto cargo de Avalia (sociedad pública), Antonio Buen, que había recibido un salario de más de 100.000 euros anuales. Semejantes finiquitos (no es funcionario) son un insulto en estos tiempos. Y si los gobiernos no son capaces de poner coto a estos sueldos, esa Administración que no tiene rubor en aplicar la nefasta reforma laboral a los trabajadores, bien está que la Justicia corrija estos desmanes que no deberían ser ni de otros tiempos.
