Esta columna va más de sumar números que de juntar letras, números para la reflexión. Datos sobre corrupción, y no sólo de corrupción política sino institucional y social, en particular, los referidos al sobrecoste de los contratos públicos y a los de la evasión fiscal.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en un informe de 2015 consideraba que la factura de la corrupción en la contratación pública era de 48.000 millones de euros anuales. La contratación pública alcanzaba el 18,5% del PIB (194.000 millones anuales) y se pagaba un sobrecoste injustificado en estos contratos del 25%.

Sobre la evasión fiscal de empresas y profesionales, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimaron en 2013 que España dejó de ingresar 79.000 millones de euros al año, especialmente por lo que no se recauda debido al fraude, la evasión fiscal, la recaudación del IVA e IRPF. En 2019, el coste recaudatorio del fraude fiscal bajo a 26.000 millones al año. A los que hay que añadir los 11.000 millones que el país pierde cada año por el uso de paraísos fiscales por las grandes fortunas y la elusión de impuestos por parte de los grandes grupos económicos. La factura de este fenómeno para cada contribuyente asciende a 2.000 euros al año, los verdaderos paganos del fraude fiscal.

La primera de las conclusiones es que resulta imposible mantener un sistema público de protección social con este agujero negro. Y la segunda, y no menos importante, la existencia de corruptores y corrompidos, para que algún empleado público o político coja un sobre antes tiene que haber alguien que lo llene. Que la tolerancia a la corrupción en España es tan laxa, que sólo hay que ver los gobiernos reconocidamente corruptos reelegidos por los ciudadanos, las facturas sin IVA que todos alguna vez hemos pagado, o el porcentaje del trabajo en B, que en España podría alcanzar al 33% del total de los trabajadores.

La responsabilidad de cada uno de nosotros no es la misma. La corrupción de las élites políticas y económicas desveladas por capítulos en los últimos años, nos dan cuenta de un sistema de robo organizado y mantenido en el tiempo, estructural como ratifica el Tribunal Supremo en el caso del PP. Y si bien es cierto, que nuestros representantes deben tener un comportamiento ejemplar, es difícil que salgan elegidos desde una sociedad en que la ética pública no es lo más valorado.

En España la corrupción social y política es el principal lastre para su desarrollo económico y aquí, sí es necesario un pacto de Estado que dote de más medios la persecución de los delitos, y mejore los sistemas de prevención y detección. Mientras tanto el resto no miremos hacia otro lado, no seamos la mayoría silenciosa. Porque sí, probablemente a usted, también le han estado robando.