Semana trágica en el mundo laboral aragonés. A la muerte de tres trabajadores el martes en una bodega de Paniza mientras realizaban tareas de limpieza y la de un camionero en la N-232 se sumó ayer la pérdida de otras dos vidas cuando participaban en una operación de inyectado de hormigón en un tramo de carretera que se vino abajo en Arcos de Salinas, en Teruel. En lo que va de año, la comunidad contabiliza ya 16 siniestros mortales en jornada laboral o in itinere (desplazamientos de ida o vuelta al trabajo), unas cifras que han sido incluso superiores en ejercicios anteriores. Pero, de ninguna forma, puede servir de consuelo semejante constatación. Primero, por el valor de una sola vida humana y sobre todo porque la asunción de que puede esperarse la muerte mientras se desempeña una actividad laboral es un fatalismo que debe ser erradicado.

Las instituciones disponen de organismos que evalúan los riesgos y proponen medidas y prototocolos para avanzar en esa dirección, pero hay que dotarlos de recursos y transformar sus orientaciones en normativas exigibles. En las propias empresas, los comités de seguridad aportan significativas sugerencias para limitar al máximo cualquier posibilidad de accidente laboral, pero deben ser escuchados de formas imperativa, va en ello la seguridad. Pese a todo, son los empresarios cuyos trabajadores se enfrentan a situaciones que pueden acabar en tragedia durante el desempeño de sus obligaciones los que deben vigilar e imponer el cumplimiento de las medidas preventivas que eviten los accidentes de cualquier nivel. La propia Inspección de Trabajo informó ayer de que los trabajadores de Paniza apenas llevaban guantes y botas para aquella actividad que se tornó trágica. Y a todo ello no puede ser ajeno un mercado laboral precario, con recortes e incluso la indecencia de las cifras de la siniestralidad laboral que se ceban más en el colectivo de trabajadores extranjeros, que representando el 10% del mercado laboral aragonés su incidencia en accidentes laborales es del 18%... y del 32% en los casos mortales.

La Inspección de Trabajo debe implementar sus controles y además de imponer las correspondientes multas a los empresarios que no cumplen la normativa tendría que plantear a la Administración que esta les dificultara su acceso a pujas de contratos públicos si resultaran responsables de siniestralidad laboral en sus compañías.