El ministro del Interior, José Antonio Alonso, se salió ayer por la tangente cuando el diputado de CHA, José Antonio Labordeta, le preguntó en el Congreso por el procedimiento mediante el cual la Policía habría identificado a personas que el 13-M se concentraron ante la sede zaragozana del PP. Según Alonso, se habría tratado de unas simples diligencias rutinarias reclamadas por el Juzgado Número 1, que a su vez actuaría motivado por las denuncias presentadas por el PP.
Pero este asunto no tiene nada de rutinario. Con independencia de la opinión que pueda merecerle a cada cual lo sucedido el 13 de marzo (una jornada de reflexión extraordinariamente atípica), el problema actual radica en cómo ha podido efectuarse la identificación de varias decenas de ciudadanos, en su mayoría carentes de todo protagonismo político, sin haber tirado de fichero o de cualquier otro recurso similar. Es obvio que el actual ministro no pretende tanto perjudicar a los presuntos concentrados del día trece como respaldar a la Policía a sus órdenes y evitar poner en evidencia sus métodos. Pero la ciudadanía, la misma que se rebeló contra las manipulaciones del anterior Ejecutivo, quiere conocer esos métodos y sus consecuencias. Y tiene derecho a ello.
