El Gobierno de Mariano Rajoy se ha propuesto, a cualquier precio, agitar el mercado inmobiliario. Aunque ocurra a partir de una medida que puede afectar directamente a esa clase media tan malparada por la crisis. El controvertido y cuestionado anteproyecto de reforma del impuesto sobre la renta que ha elaborado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, incluirá un cambio en las plusvalías que supondrá un costoso aumento de la fiscalidad para quien venda un inmueble. No afectará a la vivienda habitual siempre que se reinvierta en la compra de otra primera residencia. También estarán exentos, en el caso de la vivienda habitual, los mayores de 65 años y las personas en severas dependencias.

El cambio que impulsa Montoro supone la más que discutible, por decirlo de forma suave, eliminación de la actualización del valor de compra en función de la inflación acumulada. Es por ello que ese cambio en la plusvalía afectará fundamentalmente a los inmuebles más antiguos, que pagarán mucho más impuestos en caso de venta.

Adelantar las ventasComo la nueva reforma no entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2015, una consecuencia inmediata será, sin duda, ese movimiento inmobiliario. Porque cabe esperar, por lo tanto, en los próximos meses que quien tenga in mente vender una residencia vacacional, por ejemplo, se apresure a hacerlo --aunque sea a un precio inferior al que manejaba-- para evitar una mayor carga fiscal. Esa tributación podría llegar a cuadriplicar la cifra actual, sobre todo en el caso de las plusvalías aplicadas a inmuebles comprados antes de 1994, que gozaban de otros coeficientes correctores que ahora también se anularán.Aparte de los inmuebles, la normativa sobre las ganancias patrimoniales afecta a activos financieros y otro tipo de bienes, como son las obras de arte, por ejemplo.No ha tenido el mismo afán impositivo el Gobierno con la creación de una tasa bancaria sobre los depósitos, anunciada este viernes, que será finalmente inferior incluso a la que se planteó el mismo Montoro. Cuando se manejó una horquilla entre el 0,1% y el 0,2% ha quedado reducida al 0,03%, que se distribuirá entre las autonomías en función de su recaudación. Permitirá ingresar unos 375 millones.