El Ayuntamiento de Zaragoza ha enviado a la DGA una propuesta de ley de capitalidad que, además de ordenar competencias, pone de manifiesto la insuficiente transferencia económica que viene recibiendo al capital por los servicios que presta. Es un efecto que se produce en parte, no solo por la población flotante, por la no empadronada, y que debería ser tenido en cuenta por el Gobierno de Aragón. Si la presidenta Luisa Fernanda Rudi, que ha tardado tres años en elaborar un proyecto de ley, quiere estar a la altura de las necesidades de la ciudad debería enriquecerlo con la razonable propuesta que le fue enviada ayer por el alcalde Belloch. Como asegura el equipo de trabajo que la ha realizado, con 50 millones se solucionarían gran parte de las carencias que tiene la ciudad y que se afrontan en muchos casos vía impuestos.
