Sin incomodidad es difícil hablar de libertad de expresión. Lo amparamos como lo que es, un derecho fundamental y humano pero ante el que es difícil reivindicar el todo vale. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». La libertad de expresión es un valor fundacional de las democracias liberales y el tribunal europeo de derechos humanos lleva alertando desde hace tiempo que hay que abordar un debate sobre esta cuestión en nuestro país, entre otros, porque hay ciertos límites introducidos en la legislación actual que requieren de reformas. Por tanto debe ser abordado seriamente y de una vez, de hecho hay una reforma del Código Penal español puesta encima de la mesa pero lo que no cabe es que mientras eso suceda se legitime la violencia como forma de llegar a alcanzar ese objetivo de suavizar las leyes.

En el debate actual, en paralelo, hay tres temas que conviene diferenciar. Primero, el protagonista, el rapero hasta ahora gran desconocido para la mayoría de los españoles Pablo Hasél. Un cantante que fue condenado a prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en sus canciones y tuits (dice frases como estas: «¡Merece que explote el coche de Patxi López!», «que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono», «prefiero grapos que guapos», «no me da pena tu tiro en la nuca, pepero»). También fue condenado por obstrucción a la Justicia, maltrato de obra y amenazas a un testigo judicial al que intentó agredir y al que gritó: «Te mataré, hijo de puta, ya te cogeré», por agredir a un periodista de TV3, y por atacar a otra persona. Es decir, entra en la cárcel por una sucesión de manifestaciones ejercidas bajo el paraguas de la libertad de expresión pero que son totalmente despreciables incluso cuando se lanzan en un discurso artístico ya que concurren elementos que van más allá de los meramente críticos. El problema radica aquí en que Hasél sí que entra en el modelo de sociedad de una gran mayoría de españoles, pero algo dice que el de estos, no entra en el suyo. Y eso es lo que hay que abordar.

A partir de ahí entra el segundo tema, si las injurias deben acabar con alguien en la cárcel y si cuestiones como la incitación al odio requieren de unos límites concretos dentro de la libertad de expresión. Por ejemplo, que una mujer nazi, en un homenaje a la División Azul, proclame soflamas odiosas contra una minoría como es la judía. Es evidente que hacen falta reformas en cuanto a revisión de delitos, no sobre derogación que sería excesivo. En términos generales, unas injurias no pueden llevar a alguien a la cárcel y bien podrían convertirse en faltas administrativas. Los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión tendrían que ser castigados si responden a conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, pero con penas disuasorias, no privativas de libertad. Y otra cuestión es aquellos excesos verbales que se puedan cometer en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales. El castigo penal en estos casos es contraproducente al ejercicio de la libertad de expresión, según ya han declarado el Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión Europea y la mayor parte de la doctrina española. El Gobierno debe aprobar cuando antes esta reforma penal.

Y ahí se entra en el tercer tema. No tiene ningún sentido que desde el Gobierno se aliente a incendiar las calles cuando, con la normalidad democrática de España, hay mecanismos para cambiar las leyes que afectan a la libertad de expresión, y así lo considera la parte socialista del Ejecutivo español. Unidas Podemos debe tener muy claro que incitar a las manifestaciones y a cualquier alteración del orden público es más una tarea de quien no tiene los mecanismos a su alcance para hacer cambios. Y no es el caso. Nadie duda que desde el Gobierno se puede cambiar. Y lo primero que tendrían que dejar de pensar es que cualquier crítica hacia los planteamientos podemitas conviertan a su autor en fascista o ultra.

Es muy importante dejar fuera la demagogia con un tema tan delicado como la libertad de expresión. Y sobre todo porque comportamientos como los de esta semana pueden provocar en la sociedad española una mayor polarización (de hecho ya se está produciendo). Teniendo en cuenta que después de un año cargado socialmente, con la crisis sanitaria, la vertiente económica y tanta tensión en muchos ambientes, echar más leña al fuego no es nada positivo y menos si esa carga viene del centro del poder ejecutivo. A lo mejor uno de los problemas de UP es que tiene carteras en el Gobierno con pocas competencias y necesita tener aquellas en cuyas decisiones, seguramente, caerían en muchas contradicciones. La libertad de expresión les está poniendo a prueba.