El carguero Ohllgan Star no zarpó de Freetown hacia Canarias la semana pasada porque lo impidieron las policías de Sierra Leona y de España. El buque iba a transportar a 500 africanos aspirantes a convertirse en sin papeles en cuanto hubieran llegado a territorio español. El pasaje les costaba entre 1.500 y 2.000 euros, lo que por sí mismo denota el poder de las mafias de nuevos esclavos que operan en el continente africano.
Haber impedido una nueva tragedia atlántica es un mérito doble de la policía española. Por un lado, tiene que ejercer de guardián de la Unión Europea en la frontera inmediata con Marruecos. Pero tampoco puede descuidar la labor más dura de perseguir, en un origen cada vez más alejado, los intentos de los traficantes de enviar emigrantes africanos a Europa. Cuando acabe la legítima satisfacción policial y política por haberse anticipado a los tratantes de esclavos, mafias sin escrúpulos incluso para hundir el barco, volverá el debate que piden los dirigentes sindicales: hay que compensar a los países que ayudan a perseguir las mafias de la esclavitud, pero también hay que abrir los canales suficientes para que vengan a trabajar, con papeles, todos los emigrantes que necesitamos.
