Con la sentencia sobre la pieza política de los ERE vuelven los reproches entre partidos políticos sobre si tu corrupción es mayor porque hay más condenados y más dinero desviado, y en la mía no se condena a los políticos encausados por enriquecimiento personal, ni financiación del partido político, ni campaña electoral dopada.

Pablo Casado, que hasta ver el resultado de Vox, estaba cercano a la gran concertación nacional, recuerda a Pedro Sánchez que sí presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy tras la sentencia de la Gürtel, la situación ahora le obliga a no presentarse a la investidura y dar paso a otro. Mientras que desde Junts per Catalunya, los herederos de Convergencia i Unió con lo que todo está dicho, suman a su no a la investidura la corrupción del sistema bipartidista como argumento.

Y los reproches y la vergüenza seguirán creciendo estos días dependiendo de cuán útil les sea arrojarse los asuntos de corrupción para lograr los objetivos políticos inmediatos. No calibran la dimensión de los fallos que hemos sufrido en los anclajes para frenar o evitar la corrupción y que pueden llevar a la total deslegitimación del sistema. No sé si perciben la inmensa desafección, que ya en 2014 Mariano Rajoy intentaba controlar afirmando que «España no está corrompida, no generalicemos, eso beneficia a los salvapatrias de la escoba». Los salvapatrias ya han llegado, están ahí frente a los demócratas, y son los principales beneficiarios de este totum revolutum de generalizaciones, acusaciones mutuas y ausencia de una autocrítica seria, de disculpas a la ciudadanía y de asunción de responsabilidades políticas.

La corrupción que ha alcanzado a casi todos, partidos, a algunos políticos que han actuado por su cuenta y riesgo, a las empresas contratistas de las administraciones públicas, a los sindicatos que no han denunciado los casos de corrupción que han observado, a los medios de comunicación que a veces han estado ausentes del debate y en otras han participado como hooligans. Han fallado los controles internos y los externos (Tribunal de Cuentas, Fiscalía, judicatura) y falla la tolerancia social a las corruptelas, a las nuestras también.

Es imperiosa la necesidad de cambiar las pautas sociales y de propiciar un pacto de mínimos entre los partidos democráticos para iniciar un periodo reconstituyente. Hace falta más transparencia, rendición de cuentas y evaluación. El procedimiento de la toma de decisiones y de adjudicación de los servicios públicos debe ser nítido, y la evaluación continua de las políticas públicas una obligación legal insoslayable para recuperar la confianza en el sistema.