En un informe sobre la administración autonómica, CCOO denuncia que hay una modificación de 450 plazas anuales, 90 de las cuales corresponden a criterios políticos y que estos puestos de confianza se consolidan con el tiempo, lo que perjudica al resto de funcionarios. Y ocurre con todos los gobiernos, un argumento que no justificaría unas prácticas que, como mínimo, deberían someterse a los mecanismos de la transparencia. ¿Quién da el primer paso?
