La multa de 110 millones de euros de la Comisión Europea a Facebook, por dar información «inexacta o engañosa» durante la operación de compra de WhatsApp en el 2014 es, más que un varapalo económico, un aviso a las grandes compañías de que deben respetar las reglas del juego. O al menos esa es la intención de la comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, en su valoración de una sanción que consideró «proporcionada y disuasoria». La exitosa red social adquirió el sistema de mensajería móvil por casi 14.000 millones de euros, después de que WhatsApp hubiera alcanzado en el año de la adquisición los 430 millones de usuarios. En aquel momento, la compañía de Mark Zuckerberg negó lo que era más que una evidencia: la posibilidad de compartir los datos de esos usuarios. Ahí es donde la investigación de las autoridades comunitarias han concluido que hubo inexactitud porque en agosto del 2014 Facebook manifestó ante la Dirección General de la Competencia que no estaba en disposición de asociar las cuentas de usuarios de las compañías.
La reacción de Facebook, tras la multa, es una forma implícita de reconocer que era consciente del engaño. Dos años después de la fusión anunció, además, a sus clientes la posibilidad de vincular ambas cuentas. Hablar de que los errores no fueron «intencionados» y que actuó «de buena fe» suena a una excusa infantil tratándose de una empresa de su tamaño. No faltan motivos, por lo tanto, para que la directora de la Oficina Europea de Consumidores cuestionen que todo haya quedado en una multa y no se haya revisado la autorización de la fusión. El acuerdo solo hizo que confirmar la posición dominante de Facebook entre las compañías tecnológicas, en una primacía que comparte con otros gigantes como Google o Amazon. Todo este conflicto alrededor de la política de fusiones nos debe llevar a reflexionar sobre la necesaria defensa de la privacidad en un universo digital -que hace de los datos en un inmenso negocio- en el que dejamos continua huella de nuestras preferencias. Es deseable, por lo tanto, que la Comisión Europea acelere una precisa normativa sobre el derecho a la confidencialidad, la propiedad de los datos, y al uso que se hace de ellos. En la era del data parece una lucha perdida, pero no por ello debemos dejar sin más que un Gran Hermano guíe nuestros pasos.
