Miles de aragoneses han denunciado en los últimos meses distintas conexiones telefónicas que no han autorizado y por las que tendrán que pagar facturas de hasta 3.000 euros. La Unión de Consumidores de Aragón ya ha agotado todas las posibilidades de reclamación, sin que hasta la fecha haya obtenido resultados positivos, de ahí que desde la concejalía de Consumo se hayan puesto manos a la obra. A fecha de hoy, la indefensión del usuario clama al cielo, porque la normativa que regula el mercado de la telefonía parece muy rigurosa, pero se está demostrando muy vulnerable. Sobre todo porque se incumple impunemente.
