La segunda huelga de Ryanair este verano ha vuelto a dejar decenas de miles de afectados. El aviso con antelación de la cancelación de vuelos por parte de la compañía irlandesa evitó larguísimas colas de pasajeros ante los mostradores de la aerolínea, ya que muchos encontraron una alternativa para viajar. Sin embargo, la relativa tranquilidad en los aeropuertos no debería desviar el foco del hecho de que igualmente hay viajeros damnificados, con sus derechos. Merece la pena destacarlo, por cuanto la low cost se niega a indemnizar a quienes sufrieron los paros del 25 y el 26 de julio. La huelga de julio y la del viernes son diferentes (aquella fue de tripulantes de cabina y, esta vez, de pilotos). Pero las razones son parecidas: los trabajadores exigen mejores condiciones, un convenio colectivo y acogerse a la legislación laboral de su país. Reclamaciones muy respetables, que irían en beneficio no solo de los empleados sino del conjunto de la economía, ya que ahora cotizan en Irlanda, con la pérdida que supone para la Seguridad Social del país donde viven. Los paros han aflorado los pies de barro del modelo de precios de Ryanair. Uno puede aceptar viajar más barato a cambio de ir más incómodo, pero en ningún caso debe permitirse que sea a costa de racanear derechos a los consumidores y los trabajadores. La aerolínea ha calificado la huelga de «injustificable», enrocándose en una posición que no llevará a solucionar el conflicto laboral.
Llegan solos. Cada vez más. El 70% viene de Marruecos. Otros llevan a sus espaldas miles de kilómetros recorridos. Muchos han sufrido lo que no podemos ni imaginar. En el 2017 llegaron a España 2.500 menores no acompañados. El 60,4% más que en el 2016. Este año, la cifra sigue en aumento. Hasta hoy, suman unos 7.000. Una llegada que choca con un sistema de acogida con demasiadas deficiencias y que recae en unas pocas comunidades. Andalucía tutela a más del 30% de esos menores, le siguen Cataluña, Esuskadi, la Comunidad Valenciana y Madrid. Lograr un reparto que asegure su protección es lo más urgente. No todas las autonomías lo entienden así, como se ha comprobado en la reunión mantenida por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y los responsables en materia de inmigración de las autonomías. Cuesta comprender que la Conferencia Sectorial de Migraciones no se haya reunido desde el 2015, pero también es importante que este solo sea el primer paso para seguir abordando el problema. Los menores que llegan solo quieren trabajar y salir adelante. Ellos y las familias que abandonan. Si no reciben la ayuda necesaria, les condenamos a la exclusión social. Sin futuro, sin nadie que les eduque en los valores de convivencia, sin tener claros sus derechos ni sus deberes, su potencial solo puede derivar en conflicto social.
