La corrupción, cuya ominosa presencia tanto nos desasosiega, ha ido adquiriendo más y más complejidad como fenómeno. Los discursos políticos la presentan como una realidad física simple, que se puede medir con facilidad aplicándole los exactos parámetros de las leyes. Pero no es así. Las élites políticas y económicas llevan mucho tiempo (en España, toda la vida) adaptando los propios mecanismos institucionales a sus necesidades e intereses, a sus negocios, a sus chanchullos. Es más, su táctica actual parece consistir en proclamar que luchan contra la corrupción mientras la integran en el sistema normalizándola.

El PP, con Ciudadanos como compañeros de viaje, viene trabajando desde hace tiempo en esa normalización que digo. Intenta modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner las instrucciones en manos de la Fiscalía, limitar los plazos de las investigaciones y blindar el secreto de los sumarios. ¿Para qué? Para controlar, frenar y archivar las causas con discreción. No nos engañemos, el rechazo a las filtraciones, las penas de telediario, las llamadas causas generales y cualquier información que supuestamente vulnere la presunción de inocencia busca extirpar de los medios noticias que hagan visible la mierda. Salvo si afectan a personajes secundarios, claro.

Habrá que ver cómo se orienta al respecto el nuevo PSOE. Y si Podemos es capaz de afrontar este desafío, que por ahora no tiene pinta. Mientras, con la ley por montera, Montoro ha perpetrado una amnistía fiscal anticonstitucional pero efectiva. Pero con la ley (o al menos la normativa europea) en la mano, el Banco Popular ha sido intervenido y regalado al Santander en 24 horas, en una operación opaca y anómala se mire como se mire. No le ha costado un euro al contribuyente, nos dicen. Mentira. Ana Patricia Botín se va a beneficiar de créditos fiscales por valor de más de 5.000 millones... Qué habremos de poner los paganos, claro.

Concesiones, contratas, externalizaciones, privilegios fiscales... amañados pero legales. Lo normal.