Dentro del contexto legal desfavorable a la realización de las ofertas de empleo como medida política para debilitar a las administraciones públicas implantada por el Gobierno de España, y la dejadez de los anteriores equipos de gobierno municipales, a las políticas reaccionarias en materia de empleo, les han salido aliados eficaces en forma de “sindicatos” que aprovechan las contradicciones jurídicas y la lentitud de los fallos judiciales, para paralizar las oposiciones.

Entre las tasas de reposición, la caducidad de las ofertas, la complejidad de las convocatorias.., que el empleo municipal salga a oferta y que esta se cubra está siendo tarea casi imposible.

Recientemente dos sentencias del TSJ de Aragón (TSJA) que no son firmes, rectifican dos sentencias previas en primera instancia de juzgados de lo contencioso/administrativo, considerando a petición de uno de estos “sindicatos”, caducadas las convocatorias de 12 plazas de Técnico de Administración General y de 40 plazas de operarios/as, al estar en ofertas de 2006. Por lo que consideran nulas dichas convocatorias y sus consecuencias.

Es difícil de entender que se estén ejecutando ofertas de hace 11 años. Como también es difícil de justificar que el plazo en que se ejecutan las oposiciones (superior a tres años) sea tan importante que tumbe las aspiraciones de la gente a acceder a una plaza de la plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza, o a revalidar su condición de personal interino en fijo. Es decir, que esté por encima del derecho que la constitución establece para el acceso a la función pública. Porque estamos hablando de tiempo transcurrido, de plazos, no de que se vulneren los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La paralización de las oposiciones deja tras de sí personas que han dedicado años de esfuerzo y preparación, para nada. Que las conducen a la frustración o, en el mejor de los casos, a un permanente estado de incertidumbre sobre cuál va ser la situación dentro de un tiempo. El que medie en plazos de recursos, apelaciones y demás.

Y mientras tanto, se pierde plantilla y se deterioran los servicios públicos. O, como mal menor, se incrementan las tasas de temporalidad en las administraciones.

Urge acabar con esta situación. Es claramente una decisión política que los grupos parlamentarios de las Cortes Generales deben cambiar. La próxima ley general de presupuestos del estado de 2017, debe restablecer las condiciones para que el acceso a la función pública, la recuperación de las oposiciones y de las plantillas de los servicios, sea un hecho. La quiebra de la mayoría absoluta del PP, martillo demoledor de las administraciones en estos años, debe ser aprovechada para dictar medidas legislativas claras que: acaben con las tasas de reposición imperantes hasta ahora; permitan que las plazas ocupadas por personal interino puedan convocarse sin sobresaltos.

Es una medida importante que va en beneficio del conjunto de la sociedad. No solo porque debe abrirse el empleo público a la ciudadanía, sino porque oposiciones y mejora de los servicios públicos son las dos caras de la misma moneda. En ese sentido, los sindicatos mayoritarios de la función pública, entre ellos CCOO, están reivindicando y negociando con el Mº de Hacienda y Admones. Públicas las condiciones para que este deseo se convierta en realidad. Faltará la decisión política.

*Secretario de Organización de CCOO del Ayuntamiento de Zaragoza