Me ha parecido un espectáculo bochornoso, envuelto en mentiras y con ausencia de transparencia. Hablo de la ceremonia de los pactos municipales que han oficiado las tres derechas, a modo de trasiego de municipios y mercadeo de alcaldías, que les ha servido para alcanzar mayores cuotas de poder. Y lo han hecho a costa de maltratar la democracia, despreciando el sentido de voto de buena parte de la ciudadanía al saltárselo pactando con Vox. Aunque Rivera no lo reconozca, como en el caso de Madrid que ha supuesto la pérdida de la alcaldía para la admirada Manuela Carmena.
En Barcelona saltó la sorpresa y Manuel Valls provocó un impensable escenario de pactos cruzados para evitar que Ernest Maragall sometiera a una ciudad abierta a la estrategia de tensiones partidistas, como anunció torpemente la noche del 26-M. Pero nada de lo sucedido se entendería sin la rebeldía final del fichaje estrella naranja, decidido a marcar distancias con la estrategia de Ciudadanos de aliarse con los ultras, por medio de persona interpuesta. A la camaleónica y ambiciosa alcaldesa Ada Colau se le abrió el cielo y no quiso desperdiciar la oportunidad de romper la situación de empate con ERC para sumar el apoyo de una singular mayoría absoluta. Lo ha hecho con tres votos que despreció desde la aparición de Valls y con el PSC a quien expulsó anteayer de su anterior gobierno jugando a congraciarse con las posiciones secesionistas.
A Colau la legitimidad de la alcaldía le viene de donde menos esperaba y le supondrá arrastrar sus contradicciones. En el resto de España, los pactos municipales se producen en un escenario político novedoso por la gran fragmentación electoral. Tras la resaca cabe preguntar si los resultados se corresponden con la voluntad ciudadana expresada en las urnas, si algunas alcaldías nacen legitimadas y si el sistema democrático sale reforzado. Lo sucedido merece una reflexión en profundidad que va más allá de los pactos del Frente Nacional de las derechas que quitan al PSOE (sin olvidar a Carmena) ciudades en donde había ganado. Porque el sistema democrático y el mecanismo electoral no son inmutables y cuando muestran carencias o se complejiza el escenario al aumentar la concurrencia de partidos, la izquierda ha de estudiar cómo mejorarlos. Y hacerlo antes de que puedan provocar más desafección ciudadana hacia las instituciones de proximidad.
Hoy, los análisis ya no pueden limitarse a los datos del 26-M, sino que deben extenderse a los resultados prácticos de los procesos decisorios que han practicado algunos partidos. Lo cierto es que con la actual ley electoral delegamos en los partidos la elección democrática de las alcaldías. Pero en la política de pactos algunos ponen ciudades sobre la mesa en un marco de intercambio de alcaldías, como algo que parece un mercadeo de poder.
Una reforma del modelo de elección de las alcaldías buscaría incentivar la participación ciudadana en las decisiones de la institución más próxima, reforzar la legitimidad y representatividad del alcalde, garantizar la transparencia de acuerdos frente a mercadeos y la gobernabilidad del ayuntamiento. Cuestiones que, a solicitud del Gobierno de Zapatero, ya estudió el Consejo de Estado en su informe del 2009 sobre posibles modificaciones del régimen electoral general. Antes, en diciembre de 1998, el PSOE presentó en el Congreso una proposición de ley para cambiar el modelo de elección de las alcaldías con plena legitimidad constitucional. Argumentó que se trataba de dar un paso más para que la ciudadanía recuperase la convicción de que puede participar en las decisiones y en el funcionamiento de sus instituciones más próximas.
La propuesta del PSOE señalaba que, consolidados los partidos y las instituciones, era el momento de plantear la elección directa de alcalde para reforzar su legitimidad y representatividad. La elección directa de las alcaldías con una segunda votación entre las candidaturas con más apoyo en la primera -lo que no excluye los acuerdos entre partidos- incorpora mejoras en la democracia local y conllevaría cambios en el régimen jurídico de los ayuntamientos que exigen un estudio riguroso y un amplio consenso político. En este procedimiento prima el criterio de un sistema mayoritario corregido frente al proporcional como garantía de gobernabilidad al otorgar mayoría absoluta de concejales a la lista del alcalde ganador. Ello obligaría a redefinir la figura de la moción de censura y a reforzar el papel de impulso político y de control en favor del pleno o Parlamento local.
*Diputado socialista por Guipúzcoa. Exalcalde de San Sebastián
