Es comprensible que Pedro Sánchez apele a los Pactos de la Moncloa y a su valor simbólico para reclamar unidad en estas circunstancias tan excepcionales. Resulta fundamental un pacto de Estado, a la luz de la coyuntura actual y de las perspectivas inmediatas, pero con unas prioridades distintas a las que se marcaron en octubre de 1977
Para empezar, ni las organizaciones empresariales ni el sindicalismo de clase, ahora básicos, estuvieron representados en aquellos Pactos de la Moncloa, ni participaron en su negociación, aunque esto no quiere decir que CCOO y UGT permanecieran cruzadas de brazos. Más bien aceptaron una política de concertación social, requisito ineludible para la consolidación democrática en el periodo preconstituyente, aun a costa de relegar sus intereses materiales inmediatos y su protagonismo a un segundo plano. Sin negar la audacia política de Adolfo Suárez y la técnica de orfebre de Fuentes Quintana, a veces da la impresión de que solo ellos y los partidos políticos tuvieran visión de Estado y no otros protagonistas colectivos como los sindicatos mayoritarios.
Nada tienen que ver, por otro lado, los niveles de conflictividad laboral antes de la pandemia con los existentes en vísperas de los Pactos de la Moncloa. España figuraba en 1975 y 1976 a la cabeza del ránking de conflictividad laboral en Europa y, sin embargo, interpretó luego uno de los procesos de concertación social más duraderos del continente. Y eso que el sindicalismo de aquella época contaba con muy pocos apoyos de la Administración a la hora de intervenir en las relaciones laborales. Frente al supuesto paternalismo franquista, en 1977 el Estado apenas intervenía. Los mayores avances, después de cuarenta años de ilegalidad sindical, no fueron producto de leyes ni de política legislativa, sino de recursos ante el Tribunal Constitucional, circunstancia que, por fortuna, ha cambiado.
Pero, sobre todo, los Pactos de la Moncloa prestaron mayor atención al compromiso de lucha contra la inflación (28% en 1977) que al desempleo y, sin embargo, en 2020 no parece preocupante la inflación y sí el paro. Y hubo temas como el de las aportaciones del Estado a la Seguridad Social donde, lisa y llanamente, se incumplieron los acuerdos a las primeras de cambio. No hubo comisiones de seguimiento en este sentido. Además, la regulación del crecimiento salarial con base a la previsión de inflación se introdujo en esos Pactos, aunque fue a partir del Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) cuando se asumió el principio.
Estabilidad
La firma de los acuerdos de La Moncloa pretendía proporcionar la estabilidad necesaria al sistema económico para reforzar los avances democratizadores, empezando por la elaboración de la Constitución de 1978. Para eso se habían concertado años atrás De Gaulle, Blum y Thorez en Francia; o Badoglio, De Gasperi, Nenni y Togliatti en Italia o, muy cercano en el tiempo (julio de 1977), el Acordo Programmatico fra i partiti dell’arco costituzionale, liderado por el demócrata cristiano Aldo Moro y el secretario general del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer. Para eso había que concertarse también en España, por encima de los enfrentamientos del pasado y de las contradicciones inevitables que se manifestasen en el futuro. Vista la situación en 2020, el pacto de Estado va a ser necesario también en Francia y en Italia, entre otros muchos países. Podemos fijarnos en qué hacen bien y qué hacen mal los demás, incluida la Unión Europea, inexistente para España en 1977.
Aquellos pactos de la Moncloa fueron decisivos para abrir un proceso de alcance constituyente hasta desembocar en una democracia homologable a las de otros países europeos. Ayudaron a elaborar la Constitución en un clima de mayor tranquilidad social. Pero eso fue posible, en buena medida, porque los trabajadores antepusieron el acuerdo en favor de la consolidación democrática a los beneficios económicos inmediatos. Ahora toca que todos cedamos un poco y no solo los mismos que lo hicieron hace cuarenta años.
En puridad, los acuerdos de La Moncloa fueron una forma de ajustar la política económica a la crisis, pero sobre todo un referente de consenso político alcanzado por las cúpulas de los partidos aprovechando el ambiente más propicio tras la contienda electoral de junio de 1977. Hoy, si los plazos transcurren de acuerdo a lo previsto, falta bastante tiempo también para unas próximas elecciones generales.
Eso sí, al margen de que se alcance o no un acuerdo institucional, también la sociedad civil debe implicarse de lleno en la salida de la crisis y en la búsqueda de alternativas ecosociales. Podemos seleccionar bien nuestro consumo para ayudar al comercio de proximidad y a los sectores más noqueados por la crisis. Podemos gastar preferentemente en lo que nuestro país produce, colaborando a que el dinero circule en la economía local porque, de este modo, seremos más los beneficiados a corto plazo. De lo contrario, como decía Machado, seremos necios que confunden valor y precio.
Del mismo modo que el cambio hacia la democracia no fue cosa solamente de cuatro personalidades hiperhomenajeadas, sino que tuvo una dimensión más colectiva, esa misma dimensión se requiere ahora. Recuperar el valor comunitario a pequeña escala y el apoyo mutuo significa ir más allá del aplauso de cada tarde en el balcón.
*Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
