Los pensionistas están tomando la calle. Pero no para comprobar cómo van las obras ni para despejarse o socializar en sus días de retiro. Se arman de consignas y están colocando al Gobierno en el punto de mira y a los partidos políticos en la obligación de garantizar el sistema y prestaciones adecuadas. No solo es que vean peligrar un futuro en el que ya están inmersos, es que su presente les indigna, con pérdida legal del poder adquisitivo desde las subidas anuales del 0,25%. Y además vienen de apoyar con sus ingresos a hijos y nietos a los que atropelló la crisis. Y ven e intuyen --también para estos-- las consecuencias que la asentada precariedad laboral, los bajos sueldos y las escasas cotizaciones actuales tendrán -tienen, ya— en los ingresos que deben financiar el gasto que viene.
El PP, confiando en que esa franja de edad abastecía generosamente su granero de votos, y que las movilizaciones de asuntos varios eran cosa sectorial o puntual sin grave desgaste tiró de hucha y, ahora, le está viendo las orejas al lobo en un movimiento que ha puesto en los telediarios un reto latente en los últimos años, que se debía creer reservado a los especialistas. Y la urgencia aprieta.
En la parrilla de salida calientan motores para jubilarse las primeras quintas del baby boom que en dos décadas coincidentes con el desarrollismo de los sesenta y setenta aportaron más de 650.000 nacimientos anuales, ahora apenas se superan los 400.000. El anunciado debate en el Congreso tiene pinta de batir récord de audiencia.
*Periodista
