Una de las «anormalidades democráticas» que a día de hoy persiste en España reside en el hecho de que el poder ejecutivo nombre y manipule a su antojo al poder judicial (Consejo General y Tribunal Constitucional) y al poder informativo (TVE, agencia Efe y Radio Nacional). Iba a añadir al Defensor del Pueblo, pero esta institución, desde hace cuatro años representada «en funciones» por un irrelevante y jubilado político de 74 años, Francisco Fernández Marugán, ha sido descafeinada de tal manera que carece de la menor presencia en la vida política o social española.

Ciertamente muy grave y con gravosas consecuencias viene siendo la implacable intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial.

No son los propios jueces, como parecería proceder, quienes designan a sus representantes corporativos, sino los dos partidos con mayor presencia en Congreso y Senado, PSOE y PP, los que se ocupan de hacerlo, sin que para ello les asista otra razón que la consuetudinaria rutina de haber venido haciéndolo desde los albores de la Transición. Eran pocos y parió Podemos. Hasta hace poco los de Iglesias abogaban por la independencia y separación de poderes, pero ahora también quieren meter la cuchara y nombrar al menos un par de jueces suyos que en el futuro los saquen de algún lío o denuncia.

De esta merienda de negros tampoco se libra Televisión Española, el gran pesebre del poder, con sus rumiantes bustos, obedientes voces y comisarios políticos sucediéndose de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, Sotillos, Miró, Urdaci, Rodríguez, Mateo, Blanco, Franganillo… Parecería en un principio mucho más adecuado que fueran los Colegios Profesionales los que diseñaran la dirección y aseguraran la pluralidad informativa del Prado del Rey, pero su consejo directivo sólo se sientan políticos, y así le va y así se ve (cada vez menos), esta, más que televisión, sectaria correa de transmisión, con esos informativos de pésima calidad periodística y ventana abierta a Moncloa para ser visados por el ojo del Gran Hermano.

Jueces y periodistas deberían ser capaces de decidir el alcance y objetivos de sus órganos de representación y gestión sin necesidad de que unos cuantos políticos les dictasen instrucciones, pero para ser independientes primero hay que demostrarlo.