El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que agrupa a las quince compañías españolas más importantes, dio a conocer ayer el informe España 2018, un elaborado documento en el que se detallan las medidas estratégicas que, a juicio de sus integrantes, deberían adoptarse para mejorar la economía del país, de las empresas y de los ciudadanos. De acuerdo con los autores del estudio, este paquete de medidas permitiría reducir el paro casi 14 puntos en el plazo de cuatro años: del 23,7% actual al 10,6%. Y como el desempleo y el empobrecimiento general que de él se deriva es sin duda lo que más debe preocupar a los españoles, un objetivo tan atractivo llama poderosamente la atención. Alcanzarlo sería perfectamente factible, según el CEC, si se diera la acumulación (efecto multiplicador) de varios factores: la evolución positiva de la economía, el aumento del tamaño de las empresas, la inversión en el conocimiento, la mejora del marco institucional, la optimización de recursos energéticos y la mejora cualitativa de la educación. Y un elemento básico: la lucha contra el fraude fiscal y laboral, una lacra que nos asuela. El CEC estima que es posible poner fin al trabajo en negro de 800.000 personas, casi la mitad de las cuales cobran además el seguro de desempleo, anomalía particularmente hiriente.

Muchas de estas propuestas son razonables, porque tienen como nexo común el propósito de modernizar la economía (y la sociedad) española, pero el documento también aboga por objetivos que probablemente suscitan más controversia. Por ejemplo, un ajuste fiscal adicional de 30.000 millones de euros basado más en la reducción del gasto que en el aumento de los ingresos vía impuestos porque los autores entienden que eso penalizaría el crecimiento económico, aún tan débil. En este caso sí se trata de una decisión de tipo político, ya que implica establecer un orden de prioridades.

Aunque el presidente del CEC, el aragonés César Alierta, cree que España 2018 debería de gustar "a la derecha, a la izquierda, al centro y a todos", no es seguro que sea así. Se trata, en todo caso, de una aportación importante por parte de unas empresas que representan un tercio del PIB español. Si una parte sustancial de las propuestas y pronósticos contenidos en el informe se cumplen, nuestra economía tendrá motivos para celebrarlo.