El traspaso al Gobierno aragonés de la gestión del Parque Nacional de Ordesa es ya un hecho. Obtenida gracias a un fallo judicial, esta transferencia ha despertado interés, algún entusiasmo y notables recelos, perceptibles justamente en los grupos sociales más comprometidos con la defensa de la naturaleza.
A priori, la descentralización de una responsabilidad de tanto contenido territorial como es la administración de los parques nacionales parece positiva e incluso obvia. Por otro lado, nadie ha considerado nunca que la gestión llevada a cabo hasta ahora en Ordesa por el Gobierno central fuese excepcionalmente buena. No habría pues motivo para los actuales recelos... salvo por el hecho de que en estos momentos Aragón debe profundizar en sus políticas medioambientales y, especialmente, porque se teme la intervención en el parque de intereses tan próximos como contrarios a la protección. Este es el problema que toca despejar al Ejecutivo aragonés y en particular a su Consejería de Medio Ambiente. Con Ordesa en sus manos, el Gobierno de Iglesias deberá extremar su prudencia y su eficacia, y volver a pensar en una ley del Pirineo que aclare dudas y proponga un marco general más previsible y controlable.
