La reactivación económica de la zona minera turolense, que tiene fecha de caducidad con el cierre de la central térmica de Andorra en junio del 2020, ha sufrido un cambio de modelo tras el anuncio en Zaragoza de la ministra de Transición Ecológica, en funciones, Teresa Ribera. El principal activo con el que hasta ahora contaba Endesa son los mil megavatios de potencia que quedarán liberados con el cierre y que la compañía aspiraba a cubrir con sus proyectos de energías renovables en la zona. Ribera, sin embargo, dejó claro ayer que la explotación de ese recurso se hará por subasta o concurso al mejor --o mejores-- en términos de generación de empleo y actividad económica en el territorio afectado. Una previsión razonable por cuanto en la transición justa que debe ser el horizonte de actuación hay que primar la solución que dé mejores salidas a las pérdidas de empleo y economías de escala que se cebarán sobre la comarca. Recoge también la posición del Gobierno aragonés que consideraba insuficiente la propuesta de Endesa, a la que pedía más compromiso, y hasta de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia que abogaban en el mismo sentido.
Si Endesa ha sido la gran beneficiaria de la explotación de la térmica durante décadas, lógico sería que su desmantelamiento fuera atenuado con un proyecto de compensación social. Si este no se explicita como tal, lo justo es que quien opte a generar el potencial enérgetico, pero en renovables, sea quien mejores condiciones aporte para la zona. El sostenimiento y desarrollo de la misma exigirá la aportación de ingentes cantidades de fondos de distintas administraciones en una planificación que, forzosamente, debe ir acompañada de la iniciativa privada para rentabilizar proyectos en unas comarcas que han ido decayendo paulatinamente y que van a ver transformada su economía en el corto plazo. Urgen las alternativas socioeconómicas y en colaboración con los municipios afectados.
