La llamada a la sociedad aragonesa para que aporte propuestas al anteproyecto de ley de transparencia pública que aprobó recientemente el Consejo de Gobierno en Aragón debe servir de estímulo para personas y colectivos dispuestos a impulsar la participación política. Es una iniciativa que facilitaría el debate de las distintas opciones políticas cuando se tramite en las Cortes. Si en plena desafección de la ciudadanía ante los mecanismos que alimentan el poder político se producen unas aportaciones significativas y estas son consideradas y sus argumentos recogidos en la futura ley, el acercamiento entre la calle y las instituciones cobraría un nuevo sentido. Pero la llamada a la participación no suplanta a la decidida voluntad de aplicar la transparencia. Esa es la clave y corresponderá al Gobierno ejecutarla con convencimiento.
