El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza se han dado de plazo hasta julio para tener un nuevo modelo de financiación de la institución académica. A expensas de que el trabajo de la comisión mixta que debe elaborarlo alcance unos resultados satisfactorios, el encuentro era inaplazable. El Departamento de Educación se refugia en que el firmado en 2011 con el anterior Gobierno es inviable. Y bien que lo está sufriendo la universidad en los últimos presupuestos, pero ello no puede ser impedimento a que se logre un acuerdo que permita el funcionamiento de una institución tan imprescindible en la formación para el futuro. Ambas instituciones están obligadas a entenderse y la DGA, sobre todo, a preservar con los esfuerzos en recursos necesarios la viabilidad de una oferta universitaria pública.
