La Inspección Educativa ha detectado que al menos cien expedientes de reconocimiento de alumnos con necesidades especiales (Acneaes) declarados por los centros concertados tenían deficiencias claras y defectos en su tramitación, por lo que van a ser anulados.

La consejera de Educación, Mayte Pérez, ha reconocido en una comparecencia en las Cortes, solicitada por el diputado de Podemos Carlos Gamarra, que en marzo se detectaron "datos sospechosos" en cuanto a la declaración de algunos centros concertados, todos en la ciudad de Zaragoza, de los Acneaes escolarizados.

Entre febrero y marzo, ha relatado, se declaró un incremento del 6,94 % en los centros públicos y de un 28 % en los concertados, con lo que se instó a la Inspección Educativa a comprobar si el procedimiento era normal, y se pidió a la Dirección General de Equidad Educativa que supervisara los informes.

Se detectaron en muchos casos "disfunciones claras" que conllevaron a la revisión o defectos en la tramitación formal, como la ausencia de comunicación y autorización de las familias para incluir a los niños en el registro, por lo que más de cien expedientes van a ser anulados.

Por eso, ante las dudas de Podemos, Pérez ha asegurado que se van a corregir los errores, que las declaraciones no afectan "para nada" al proceso de escolarización recién abierto y que la administración educativa ha vuelto a recuperar el control de los servicios de orientación y detección que, ha recordado, el PP "liberalizó".

Gamarra ha denunciado durante su intervención que entre los datos de Acneaes escolarizados que dio la inspección en noviembre del año pasado y los proporcionados por los centros en marzo se detectan incrementos "imposibles".

En catorce centros concertados de Zaragoza capital, ha dicho, el número de Acneaes ha pasado de 226 a 597 en total, lo que supone un incremento de 371 en un "intento premeditado" de que la reserva de plazas para estos alumnos anunciada para el proceso de escolarización del curso 2017-2018 "no vaya con ellos".

Estos centros, ha agregado Gamarra, se han "autocomputado" un incremento de estos niños, un aumento "inverosímil" y "fuera de lugar" que tiene el "efecto perverso" de traspasar la reserva de plazas para estos alumnos, a la que están obligados, a otros colegios, concertados y públicos.

La consejera ha insistido, ante las dudas de Gamarra, en que la oferta de plazas en este proceso de escolarización se ha hecho teniendo en cuenta los datos de noviembre, y no los de marzo proporcionados por los centros.

Ha sido, a su juicio, la interpretación "distorsionada" que han hecho algunos colegios concertados del nuevo decreto de escolarización lo que ha provocado esta situación, y por eso se les ha transmitido que, con la asesoría de la inspección, deben rectificar y modificar los errores.

"Trampas", según lo ha calificado Gamarra, que serán "eternas" mientras los servicios de orientación estén en las manos de los colegios concertados y algunos de ellos los usen "para sus intereses empresariales y de imagen".

Desde el PP, la diputada María José Ferrando ha lamentado este "debate estéril" que arroja sombra de "probable manipulación" sobre toda la educación concertada, mientras que desde el PAR, María Herrero ha estimado que el incremento excesivo puede deberse a que estos Acneaes estaban diagnosticados pero no metidos en el sistema, y se ha preguntado por la respuesta que hay que darles si efectivamente eso es lo que ha ocurrido.

A su juicio, lo que debe de hacer el Gobierno es mejorar la financiación de la concertada para garantizar que tenga los mismos recursos y que cualquier familia pueda decidir el centro al que llevar a sus hijos en condiciones de igualdad.

Susana Gaspar, de Ciudadanos, ha lamentado el "cinismo" de Podemos y ha hecho referencia a datos oficiales de matrícula para decir, por ejemplo, que en el colegio Rosa Molás se ha detectado un incremento de 25 niños entre septiembre y marzo, 17 en Romareda, 26 en el público de Montecanal y 25 en el Doctor Azúa.

Finalmente, Gregorio Briz (CHA) ha insistido en la necesidad de exigir a los centros que "no busquen atajos para burlar la ley" y Margarita Périz (PSOE) ha hecho hincapié en que la "mala praxis" de algunos no puede ocultar los "logros" en educación inclusiva de este Gobierno.