Inocencia Zofío respira con alivio desde ayer. A sus 104 años, un juez la había obligado a abandonar la próxima semana el piso del centro de Madrid donde vive de alquiler, en régimen de renta antigua, desde 1939 junto a su hija, de 70 años. La Audiencia Provincial anuló ayer esta sentencia, así como la multa de 29.000 euros que pendía sobre ellas, y dictaminó que podrán volver a su casa cuando finalicen las obras de rehabilitación que los técnicos han estimado necesarias.
En esa misma situación están otros cuatro vecinos del edificio, todos de más de 80 años y víctimas de la compleja situación que se desencadenó en el 2006, al morir la dueña de la finca sin nombrar herederos y pasar la propiedad a ser de titularidad estatal. Tras intentar venderles las viviendas infructuosamente --les pedían 3 millones de euros--, el Ministerio de Hacienda, actual propietario, intentó deshacerse de los inquilinos alegando la necesidad de llevar a cabo la rehabilitación del edificio, avalado por informes técnicos del ayuntamiento. Los vecinos, que de media pagan 50 euros mensuales por el alquiler, han sospechado en todo momento que tras el requerimiento del ministerio se escondía una operación inmobiliaria especulativa, ya que la finca, junto al Palacio Real, disfruta de una de las mejores vistas de Madrid.
"Los técnicos llegaban para inspeccionar los muros, pero solo se dedicaban a tomar fotos desde los balcones", contaba la semana pasada a este diario Beatriz, la hija de Inocencia, sobre la resistencia de los inquilinos a abandonar las casas durante las obras. Esta oposición les costó una demanda por parte del Estado, ratificada inicialmente por un juez mediante una orden de desahucio y una multa, ambas anuladas ahora por la Audiencia Provincial.
Inocencia lleva batallando por su caso desde que recibió el primer comunicado de Hacienda, con campaña en Twitter incluida. Las cartas que la anciana envió al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y a otras instancias del Gobierno nunca tuvieron respuesta.
