La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha archivado las actuaciones seguidas contra 22 controladores aéreos por los hechos ocurridos los días 2 y 3 de diciembre del 2010 que provocaron la paralización del tráfico aéreo en el centro de control del aeropuerto de la capital balear.
El auto, contra el que cabe recurso, considera que los hechos no son constitutivos de delito de sedición por el que habían sido imputados. "Estamos ante un abandono impropio", concluye la magistrada, que no ve recorrido penal. "Si estuviéramos en el ámbito civil, podría afirmarse que estamos ante un fraude de ley, por haberse utilizado un vía oblicua, bajo la cobertura de una norma para alcanzar un fin prohibido por el ordenamiento jurídico, la huelga ilegal, sin embargo, el hecho de hallarnos en el ámbito penal me priva de realizar cualquier interpretación extensiva", recoge el auto.
El crisis de los controladores se inició el 28 de noviembre de 2010 cuando se decretaron cierres parciales del espacio áereo gallego por la inasistencia de 10 de los 28 controladores a su puesto de trabajo, argumentando que habían cumplido con el cómputo de horas previsto para todo el año. Su acción fue seguida por controladores de toda España con el mismo argumento, rebatido desde el Gobierno, que aprobó un decreto ley específico el 3 de dicembre.
La acción tuvo una respuesta inmediata de los controladores, que de forma masiva abandonaron sus puestos desde las cinco de la tarde, alegando que no se encontraban en condiciones psicofísicas para trabajar. El Gobierno acabó militarizando el espacio aéreo, mediante un decreto formado por el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, y declaró el estado de alarma, la primera vez que sucedía desde la transición.
Casi un millón de pasajeros se vieron afectados por la crisis de controladores, que obligó a paralizar los aeropuertos de Barajas, Barcelona y Palma. El 13 de enero se dio por zanjada la crisis, Aena recuperó el control aeroportuario. Los controladores denunciaron que operaban en condiciones de tensión extremas y consideraron una provocación que las horas extraordinarias voluntarias devinieran obligatorias y les rebajaran el sueldo.
