Omar Sylla nació en Senegal hace 29 años. Cuando tenía 17, abducido con imágenes televisivas de una Europa bucólica, abandonó a su familia para cumplir un sueño: tener un futuro. Se metió en una patera junto a 150 personas. Sobrevivió al infierno en el mar y llegó a Tenerife, donde le esperaba otro infierno. Nadie le trató como lo que era, un menor no acompañado. Ingresó en un centro de extranjeros, que funciona como un «centro militar». Ahí permaneció cinco semanas sin saber nada de su futuro inmediato. Intentó escapar, pero no pudo. Un día, le metieron junto con otros inmigrantes en un avión. Nadie sabía el destino. ¿Volverían a Senegal? Finalmente supieron que la ciudad donde habían aterrizado era Madrid.
Las cosas no fueron a mejor. «Nadie nos dio formación. Ni posibilidad de integrarnos en la sociedad», dice Omar. Gracias a ayudas de «particulares» logró salir a flote y pudo regularizar su situación. Pero hoy reflexiona y lo tiene claro: no volvería a jugarse la vida, no volvería a meterse en una patera para llegar a Europa.
Save the Children presentó ayer en Madrid su primer informe sobre menores extranjeros no acompañados. Para demostrar que detrás de las cifras hay seres humanos, los responsables de la organización han estado junto al senegalés Omar Sylla, que ha puesto rostro a unos números escalofriantes. En el 2017, España registró la llegada de 2.500 menores extranjeros no acompañados, lo que supone un aumento del 60,4% respecto al 2016.
PROCEDENCIA
Los adolescentes extranjeros proceden de Marruecos, Argelia y el África subsahariana. Son personas en estado de riesgo absoluto y cuyos derechos son vulnerados una y otra vez por parte de un sistema que les considera «inmigrantes antes que niños». En muchos casos, viven en la calle como mendigos y son explotados. Las niñas son víctimas de las redes de prostitución.
«El primer riesgo que corren es el propio viaje. La mayoría migran por rutas marítimas, donde se juegan la vida. Una vez que pisan territorio español, debido a la ley de seguridad ciudadana pueden ser víctimas de las devoluciones en caliente (inmediatas) sin tener en cuenta que son menores de edad» explica Andrés Conde, director general de Save the Children.
El segundo gran problema al que se enfrentan es que las autoridades, por defecto, les consideran mayores de edad. A veces se les hacen pruebas médicas «totalmente ineficaces y, en algún caso, humillantes». Si se decreta que, en efecto, tienen menos de 18 años ingresan en centros especiales, donde viven situaciones extremas que van mucho más allá de la falta de agua caliente: hacinamiento y violencia.
«Nadie les facilita que puedan obtener permiso de residencia y trabajo. Estos niños puede que nunca consigan tener sus papeles en regla», denuncia la directora de sensibilización y políticas de infancia de Save the Children, Ana Sastre. La organización no gubernamental sospecha que al Gobierno y al resto de administraciones les va bien que la vida de estos menores en España sea tan desastrosa para que exista un efecto de publicidad negativa de tal manera que sus dramáticas historias desanimen a otros.
El informe insiste mucho en los motivos que hacen a los menores abandonar sus países. La mayoría de ellos lo hace para cumplir un sueño, como hizo Omar Sylla. La vida en Europa aparece en televisión de manera bucólica y muchos de ellos tienen familiares que han conseguido prosperar, así que piensan que también pueden conseguirlo. Otros son víctimas de maltrato y abuso en sus casas -sobre todo las niñas- y otros tienen una economía familiar tan infame que son la única posibilidad de que sus padres y sus hermanos obtengan algo de dinero. También son importantes las circunstancias de los países de origen, donde predomina la inestabilidad y la violencia.
DERECHOS
«España no está preparada para garantizar los derechos de los niños migrantes», concluye la responsable de Save the Children. Ante semejante situación, la oenegé exige al Gobierno y al resto de las administraciones varias medidas. Entre ellas, reformar la ley de seguridad ciudadana para evitar las devoluciones inmediatas, así como determinar la edad de los menores gracias a los papeles que ellos mismos lleven y, en caso de ausencia de documentación, por entrevistas personales y no por pruebas médicas.
Save the Children también pide incorporar la figura de un asesor voluntario e independiente del sistema para acompañar en todo el proceso a los menores.
