Puede que sea el regalo estrella de esta Navidad, pero el patinete eléctrico no es un juguete. Es un vehículo sostenible y fundamental para las ciudades del futuro, pero mal llevado genera «problemas específicos de convivencia en las vías públicas» y por eso requiere de una responsabilidad «importante». En los dos últimos años ha habido en España unos 300 accidentes (la cifra exacta rondaría los 273) relacionados con los patinetes eléctricos. En 200 de ellos la responsabilidad fue del patinador.

Estas son las cifras que hizo públicas ayer el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que ha enviado un comunicado a todas las policías locales para recordar la normativa estatal y la necesidad de extremar la vigilancia ante un medio de transporte que vive un auténtico boom. El fiscal insta a los agentes a retirar el patinete en caso de observar una «situación de riesgo» y recuerda a los infractores que, en el caso más grave, los delitos de lesiones conllevan penas de seis meses a tres años de cárcel, mientras que el homicidio puede implicar hasta cuatro años de prisión.

DOS VÍCTIMAS MORTALES / Las cifras de siniestralidad, con dos muertos incluidos (una anciana que fue atropellada y una patinadora arrollada por un vehículo), son «preocupantes» e irán a más a medida que se generalice el uso de los patines. A pesar de que la Dirección General de Trafico (DGT) ya está estudiando fórmulas legales para regular su uso y que cada ciudad ha aprobado normas específicas, Vargas apuesta por recordar la altísima responsabilidad que supone desplazarse con un patinete.

La responsabilidad empieza por los fabricantes, que en muchas ocasiones «no son conscientes de lo que ponen en el mercado». La responsabilidad continúa en el patinador, que a veces se salta la norma y circula por las aceras -un espacio «sagrado para los peatones»-, generando sensación de inseguridad en los colectivos más vulnerables, como personas con discapacidad (incluida la visual), niños y gente mayor. Vargas es partidario de que tanto los fabricantes como los ayuntamientos tengan «responsabilidad jurídica» y sean responsables civiles subsidiarios porque, en caso de atropello, no se puede quedar la víctima «desprotegida, indefensa y desamparada».

FRENOS E ILUMINACIÓN / Antes de circular con un patinete eléctrico, Vargas demandó a los usuarios que comprueben su calidad técnica, desde los frenos hasta la iluminación. Asimismo, recordó que las normas de seguridad vial también les afectan-como a los conductores de los otros vehículos- en lo que a velocidad se refiere. También en el consumo de alcohol o drogas.

La fiscalía de Seguridad Vial, como ya está haciendo la DGT, también se plantea realizar reformas legales para rellenar el vacío (incluido el europeo) que existe ahora mismo sobre los patinetes eléctricos, también sobre sus (nulos) seguros. Antes de todo ello, sin embargo, Vargas es partidario de esperar a recabar más información de los ayuntamientos y, sobre todo, de esperar a ver la respuesta tanto de los usuarios como de la policía ante la comunicación enviada a los ayuntamientos. Vargas sugirió a los consistorios la posibilidad de realizar cursos de formación entre los usuarios porque, en su opinión, «no todo el mundo sabe conducir un patinete ni tiene los mismos reflejos».

A pesar de la llamada de atención, Vargas recordó que los patinetes, además de lúdicos, son vehículos con indudables beneficios medioambientales. Su uso generalizado, sin embargo, implica una «convivencia tolerante y enriquecedora con los vehículos a motor, las bicicletas y los peatones». «Mucha gente -insistió- se sube en un patinete y piensa que puede hacer todo. Incluido trucar el motor para que vaya más deprisa. Un patinete requiere diligencia».

La carta de Vargas a las policías locales no solo habla de los patinetes sino también de las bicicletas, otra manera sostenible de desplazarse por las ciudades que cada día gana más adeptos. «Según los informes remitidos por los agentes se constata un extendido desconocimiento por parte de los ciclistas de las normas viales en el ámbito urbano», incluida la prohibición de circular por las aceras y el resto de zonas peatonales, así como los límites de velocidad, el respeto a los semáforos y la imprudencia de ir con auriculares o viendo el móvil.

El fiscal pidió a los agentes que, en caso de atropello, si se intuye un presunto delito de homicidio o lesiones por imprudencia grave debe instruirse siempre atestado, en el que deben constar los datos de la póliza de seguro.