Los nuevos contratos de alquiler que se firmen a primeros del próximo año podrían incluir ya la prórroga automática de cinco años, no de tres como en la actualidad. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció ayer la intención del Gobierno de aprobar un real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que incluiría esta ampliación, reclamada por muchos colectivos y partidos políticos.
Fuentes de Fomento explicaron a este diario que el propósito es que el decreto, que comporte la modificación de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) aprobada en solitario por el PP en el 2013, reciba la luz verde del Consejo de Ministros antes de fin de año.
El ministro apuntó que otra de las medidas que incluirá el decreto será la limitación a dos mensualidades de la fianza que se podrá exigir a los arrendatarios, así como que el arrendador, en el caso de ser una persona jurídica, deba asumir los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. La prórroga automática de los contratos sería de siete años en lugar de cinco si el arrendador es una persona jurídica, es decir, una inmobiliaria, un banco o un fondo de inversión.
Unidos Podemos, que negocia desde hace unas semanas el contenido de la modificación legislativa, está completamente de acuerdo con que se opte por la vía del decreto ley. «Ciudadanos y PP están paralizando las propuestas que se presentan por la vía ordinaria pidiendo indefinidamente la prórroga del plazo de enmiendas», denuncia Lucía Martín, la portavoz de En Comú Podem que negocia con el equipo de Ábalos.
La ventaja que tiene la vía del decreto es que a los pocos días de su aprobación y tras su publicación en el BOE, la disposición ya entra en vigor. Solo a posteriori tiene que ser convalidada por el Congreso pero con el apoyo de Podemos y otros grupos partidarios de la reforma de la LAU no se augura difícil.
Sobre el contenido del decreto aún existen algunas discrepancias. Podemos pugna por introducir todos los puntos del acuerdo presupuestario Iglesias-Sánchez en materia de vivienda y no solo los anunciados por Ábalos. Sobre todo el que facultaría a los municipios y comunidades autónomas a poner un tope a los precios del alquiler en la zonas donde el aumento se haya desbocado, pero también el que prevé que las Administraciones tengan preferencia sobre los fondos de inversión a la hora de adquirir bloques de viviendas.
El Gobierno prefiere dejar estos puntos para la ley que quiere aprobar el año que viene y recuerda que así constaba específicamente en el acuerdo presupuestario en relación a los índices de precios. Podemos sostiene que «no tiene sentido dividir en dos la reforma». «Es la modificación de la misma ley, la LAU ¿Que puede haber más urgente que detener la escalada de precios en algunas zonas de nuestras ciudades?», se pregunta Martín, que sospecha que al PSOE le incomoda y podría intentar incumplirlo.
