La esperada reforma legislativa que debe atajar la burbuja de los alquileres está cada vez más cerca. «Vamos a reformar dos o tres aspectos importantes de la Ley de Arrendamentos Urbanos (LAU)», ha manifestado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en declaraciones a EL PERIÓDICO. El nuevo titular de la cartera se dará unas semanas para reflexionar sobre cuál es el mejor camino para emprender la reforma y en que términos debe hacerse, pero lo más probable es que se opte por aprovechar la proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso y que fue vetada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha levantado ya ese veto, con lo que esta iniciativa podría iniciar su tramitación parlamentaria inmediatamente, negociando su contenido con los grupos políticos susceptibles de apoyarla, especialmente con Unidos Podemos, que tiene en tramitación otra propuesta de reforma con el mismo objetivo, pero muy divergente en algunos aspectos.
VIVIENDA COMO DERECHO / Ábalos quiere cambiar el enfoque de la política de vivienda de sus antecesores. «Será una de las prioridades del nuevo Gobierno». Si antes solo estaba encaminada a estimular el negocio inmobiliario, con escaso impulso a la vivienda pública, el nuevo ministro anunció el pasado jueves en la toma de posesión de altos cargos de su departamento que su enfoque pivotará sobre «la vivienda como derecho». Eso se traducirá también en el organigrama ministerial, elevando el rango actual de dirección general a secretaría general, para la que probablemente se nombre a alguien vinculado a «la reivindicación de la vivienda como derecho».
La proposición socialista incluye la ampliación de la duración de los contratos de los tres años actuales a cinco y la revisión de las rentas referenciada al IPC. Son dos puntos que, con algunos matices, suscitan ya un amplio acuerdo entre las fuerzas parlamentarias que garantizarían su aprobación.
El PP rebajó de cinco a tres años la duración mínima de los contratos en el 2013, en el marco de una reforma cuyo objetivo era, supuestamente, incentivar a los propietarios para que creciera la oferta de pisos de alquiler. El resultado ha sido una inestabilidad en las vidas familiares de los inquilinos, que cada tres años se ven obligados cambiar de domicilio si no quieren afrontar el pago de precios más disparatados.
LA GRAN DISCREPANCIA / La tercera pata de la propuesta es la más controvertida. Se trata de introducir algún sistema de regulación de los precios. La propuesta surgió del Ayuntamiento de Barcelona, a imagen de lo que se hace en París o Berlín. Luego fue asumida por los denominados alcaldes del cambio, la Plataforma de Afectados por la Hipoca (PAH) y finalmente por Podemos, que lo ha convertido en proposición de ley en el Congreso.
Su reforma facultaría a las comunidades autónomas y municipios a fijar un precio máximo por zona que los arrendadores estarían obligados a respetar.
La iniciativa socialista busca el mismo objetivo, pero solo con estímulos fiscales. La exención de la declaración del IRPF del 60% de los ingresos obtenidos por el alquiler de la que hoy se benefician todos los propietarios quedaría limitada a los que no superaran esos precios de referencia. La desgravación podría llegar al 100% si el inquilino es un joven de entre 18 y 30 años.
Para Beatriz Corredor, secretaria federal de Vivivenda del PSOE, Podemos «va siempre a máximos y a cosas que saben que no son viables». «Nosotros creemos que son más eficientes los estímulos, en positivo, que los topes obligatorios que luego no se cumplen», argumenta. Para Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem en el Congreso, los ingresos que hoy se pueden obtener especulando con los precios del alquiler son más rentables que cualquier desgravación.
«No estamos en contra de las desgravaciones, pero creemos que hay experiencias como la de París, que han demostrado que funcionan mejor. Hasta que en el 2015 no impusieron los precios máximos, no consiguieron contener los precios», recuerda Martín y precisa que «los precios máximos no serían ninguna medida irrevocable, sino temporal y estarían circunscritos a zonas concretas».
Martín también destaca dos ángulos negativos de las desgravaciones. Por un lado, no afectan a los grandes fondos inversores que están protagonizando subidas que alcanzan hasta el 200%. Y al tratarse de desgravaciones sobre el IRPF, benefician más a las personas que más dinero ingresan. A quienes tengan una renta más baja apenas les beneficiarán. «¿Tenemos que dar más ayudas públicas en vez de evitar que los privados obtengan ganancias especulativas?», se pregunta. Aunque los puntos de partida son distantes, Corredor y Martín están convencidas de que llegarán a un acuerdo.
