El Protocolo de Kioto acabará entrando en vigor. El Gobierno ruso dio ayer su visto bueno al proyecto de una ley que ratifica este documento sobre gases de efecto invernadero y lo transmitirá próximamente a la Duma (Cámara baja) para su ratificación. El primer ministro Mijail Fradkov ha encargado a los ministerios a los que afecta la nueva ley que elaboren en tres meses un amplio plan de acción que cumpla con las obligaciones que impone el protocolo.
Según fuentes del Kremlin, la Duma, dominada por el partido progubernamental Rusia Unida, "no tardará" en ratificar la ley propuesta por el gobierno. No obstante, en la actualidad no hay un calendario preciso sobre el momento en el que la ratificación se realizará.
OBJETIVOS SUPERADOS Para que el protocolo entre en vigor falta sólo el sí de Rusia. Es necesario que lo ratifiquen un mínimo de 55 países y que además se alcance el 55% de las emisiones mundiales de los países ricos. El primer objetivo se ha superado, pues son 124, y está a punto de lograrse el segundo: Rusia es el tercer emisor de dióxido de carbono, tras EEUU y China, y representa el 17% del mundo industrializado.
Desde su llegada al poder en 2000, el presidente Vladimir Putin no ha dejado de repetir que Moscú ratificará el protocolo siempre y cuando "no perjudique a los intereses económicos de Rusia". Sólo este mayo el Kremlin cedió a las presiones de la Unión Europea, al declarar que Rusia se sumaría al protocolo a cambio del apoyo de la UE a su entrada en la Organización Mundial del Comercio (OMC). "El hecho de que la UE nos haya tendido la mano en las negociaciones sobre la OMC influirá de forma positiva en la actitud de Moscú al respecto", prometió entonces Putin.
El sí definitivo del Gobierno al protocolo supone el fin de unas largas disputas entre distintas agencias gubernamentales. Rusia llevaba meses lanzado mensajes contradictorios sobre sus intenciones respecto a Kioto. El consejero de Putin, Andrei Illarionov, tachó el lunes de "fascista" el protocolo por considerar que supone una "insolente interferencia" en la política económica de los países soberanos. Illarionov ha caracterizado en varias ocasiones el protocolo como un "gulag interestatal" totalmente inaceptable para el Kremlin. La calculada ambigüedad rusa tenía como objetivo conseguir importantes compensaciones económicas a cambio de la ratificación. El apoyo de la UE al ingreso de Rusia en la OMC, así como el asentimiento a compensar las supuestas pérdidas rusas causadas por la ampliación de la UE, despejaron las preocupaciones del Kremlin.
El protocolo permite que los países industrializados vendan y compren derechos de emisión tomando como referencia el año base 1990. Rusia ha reducido sus emisiones un 40% desde entonces a causa de la crisis del carbón y la industria pesada, lo que le permitiría vender sus derechos a otros países.
