Ante la proliferación de recursos contra la LOMCE, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dirigido por José Ignacio Wert, suele recordar que el Consejo de Estado, en su dictamen de hace un año, concluyó que la norma es constitucional y no invade competencias autonómicas. Es cierto. Sin embargo, el organismo también pidió en su día al Gobierno que dejara sin efecto una de las disposiciones más polémicas de la ley, que señala que las comunidades con lengua propia deberán costear la educación en castellano de los alumnos que así lo pidan, incluso en un centro privado si resultara necesario.
