Coincidiendo con la semana del Orgullo LGTBI+, el Ministerio de Igualdad inicia un periodo de consultas destinado a la elaboración de dos leyes que arrancan su andadura envueltas en la polémica, la ley contra la discriminación LGTBI y la ley trans, debido a que despiertan recelos en una parte del feminismo y del PSOE. El propósito del departamento capitaneado por Irene Montero es que dicho paquete legislativo incluya la autodeterminación de género, que implica que no sea obligatorio hormonarse durante dos años y contar con un aval médico para modificar el nombre y el sexo en los documentos oficiales.
Este propósito choca con un documento interno que el PSOE difundió recientemente y que rechaza que la llamada autodeterminación sexual tenga entidad jurídica. Este argumentario sostiene que los sentimientos, presiones o manifestaciones de la voluntad de una persona, sobre si se siente hombre o mujer, no deben tener automáticamente efectos jurídicos plenos, lo que irritó al movimiento LGTBI, que considera este posicionamiento es transfóbico por negar a las personas trans y sugerir que reconocer sus derechos supone borrar a las mujeres.
Además, esta postura choca con la de sus socios de Unidas Podemos, que ostentan la cartera de Igualdad, lo que ya despertó recelos en la conformación del Gobierno en una parte del socialismo. El partido de Pablo Iglesias presentó la pasada legislatura una ley trans y otra lgtbi en las que se reconoce el derecho a la autodeterminación de género, como sucede en varias leyes autonómicas. Además, la ley contra la violencia infantil, que el departamento de Iglesias ha enviado a las Cortes, afirma que los niños tienen derecho a que su orientación sexual e identidad de género, sentida y expresada, sea respetada en todos los entornos de la vida.
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
En este contexto, el Ministerio de Igualdad inicia ahora un trámite de consultas sobre las leyes lgtbi y trans, con el objetivo de obtener el consenso necesario para sacarlas adelante, pero dejando claro que su intención es que el paquete legislativo reconozca el derecho a la autodeterminación de género, según recalcan fuentes del ministerio. Así, se ejecutará una orden ministerial destinada a poner en marcha el Consejo de Participación LGTBI, en el que a partir de septiembre se darán cabida, administraciones, las asociaciones que representan al movimiento y otros actores sociales. Asimismo, se hará una consulta pública de la ley de igualdad lgtbi, una norma con un carácter eminentemente pedagógico que permita que las personas representadas disfruten de una igualdad real. Es la norma más avanzada de las dos, pero no se prevé que esté lista hasta finales de año.
Montero, en el acto de presentación de los actos del Ministerio de Igualdad con motivo del Orgullo, que este año, debido al covid, se celebrará con una manifestación virtual, hizo este miércoles toda una declaración de intenciones, al referirse específicamente a las mujeres trans y asegurar que el Gobierno está comprometido con sus derechos. Además el cartel de la campaña rinde homenaje a Marsha P. Jonhson, una mujer trans, racializada y participante en la revuelta de Stonewall que dio origen al Orgullo hace medio siglo.
