El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por unanimidad su informe sobre la ley de seguridad ciudadana. En el dictamen se afirma que algunos puntos de la norma son inconstitucionales y propone adecuarlos.
En el mismo sentido se han pronunciado el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Por ello, el Ministerio del Interior se ha comprometido a mejorar la norma. El informe del poder judicial redactado por los vocales Wenceslao Olea y Victoria Cinto considera que no casan los artículos que permiten las retenciones de ciudadanos que se nieguen a ser identificados por faltas penales o administrativas, las instalaciones de controles en lugares públicos y la denegación del pasaporte en caso de declararse estados de alarma. Por este motivo, el poder judicial propone que se incorpore a la ley la obligación de que los agentes informen "de modo inmediato y comprensible" de las razones del requerimiento de identificación. Y la duración de la retención.
