El barco de rescate Open Arms salió a navegar por última vez el 5 de enero. El 14 de enero, el Gobierno del PSOE les denegaba el permiso para zarpar hacia el Mediterráneo central, donde el navío solía desempeñar sus labores de rescate de náufragos. Se alegaban problemas de seguridad y el incumplimiento de varios convenios marítimos. Han pasado 100 días y ese bloqueo administrativo se ha salvado. A medias, porque pueden marchar (partieron ayer, a las tres de la tarde) cargados de ayuda humanitaria, unas 20 toneladas, pero no les está permitido entrar en la zona más cruda de búsqueda y rescate, frente a las costas de Libia. El primer destino del barco será las islas griegas de Samos y Lesbos, donde está previsto que reparta buena parte del material humanitario que ha ido almacenando en estos más de tres meses.
FUERTES MULTAS
En caso de desobedecer la orden de Fomento, la oenegé se enfrentaría a multas de entre 300.000 y 900.000 euros, tal y como detalló Oscar Camps, director de Proactiva Open Arms. Aun así, el rescatador también ha dejado claro en varias ocasiones que el derecho marítimo internacional «pasará por encima» de cualquier documento oficial. Es decir, que si son testigos de «una situación en la que haya vidas en peligro, lo que imperará es el sentido común por muy pernicioso y caro que sea» para la oenegé.
