La primera reacción del Gobierno español fue ayer restar importancia a la resolución al tratarse de un suceso "de hace más de 10 años", anterior incluso a la aprobación de la ley contra la violencia machista, del 2004. "Fueron casos lamentables como el de Ángela los que llevaron a la aprobación de toda la legislación y las medidas tomadas posteriormente que han convertido a nuestro país en referente en la lucha contra esta lacra", destacó el Ministerio de Sanidad.

La presidenta del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, recordó que la legislación está en fase de modificación precisamente para proteger mejor los derechos del menor, incluyendo la retirada de la patria potestad a los maltratadores. Pero el proyecto de ley es tan reciente que aún no ha sido debatido en el Congreso.