Los sindicatos, los empresarios y las organizaciones de inmigrantes pidieron ayer al Ejecutivo una reunión para concretar cómo se realizará la regularización por arraigo laboral de los sin papeles . El Gobierno insistió en que no se trata de un papeles para todos y recuerda que los permisos de residencia sólo los obtendrán los que demuestren una "relación laboral fehaciente".
¿Quiénes podrán solicitar la regularización?, ¿qué documentos se necesitarán?, ¿sólo el empresario decidirá quién obtiene documentos?, ¿es cierto que si un inmigrante denuncia que sufre ilegalidad en su puesto de trabajo será recompensado con un permiso de residencia? Nadie lo sabe. Sin embargo, la picaresca va por delante de la política, ya que "algunos desaprensivos" están empezando a vender "ofertas de trabajo falsas" a inmigrantes, según denunció ayer Carlos Gómez, director de un seminario sobre inmigración realizado en la Universidad de Alicante.
Según reiteró ayer la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, todos aquellos extranjeros que estén trabajando actualmente en la economía sumergida y lleven en España un tiempo considerable --todavía no se sabe cuánto-- podrán obtener un permiso para residir legalmente en España. Esta es la filosofía del reglamento que desarrolla la ley de extranjería y que comenzará a tramitarse en septiembre. Desde el pasado mes de abril, Rumí ha lanzado esta iniciativa en numerosas ocasiones.
ORGANIZACIONES Y PATRONAL Se trata de una propuesta calcada a la que, a finales de abril, solicitaron los sindicatos y la patronal. Entonces, nadie sabía la fórmula concreta que se iba a utilizar. Ahora tampoco. Los sindicatos, los empresarios y las organizaciones de inmigrantes han visto cómo el pasado fin de semana la máxima responsable de Inmigración hablaba en la prensa del futuro reglamento de la ley de extranjería. Sin embargo, ninguno de los tres sectores afectados tiene claro cómo se va a realizar la regularización.
Almudena Fontecha, responsable de inmigración de UGT, mostró ayer su extrañeza por las declaraciones de Rumí en las que decía que el Gobierno dará papeles a los extranjeros que denuncien su situación de ilegalidad. "Eso no es ninguna salida porque se incentiva a denunciar sin más. Además, ¿se podrán acoger a esta medida los españoles que estén contratados irregularmente?", dijo.
El secretario ejecutivo de UGT Jesús Pérez calificó estas declaraciones de "inmaduras" e "imprudentes". A su juicio, los sin papeles pueden crearse "faltas expectativas".
En CCOO también vieron numerosas lagunas en las declaraciones de la secretaria de Estado. El responsable de inmigración del sindicato, Julio Ruiz, afirmó que el Gobierno "no puede dejar en manos de los empresarios la responsabilidad de determinar quién puede acceder a la regulación y quién no". Se trata de una decisión que, a su juicio, tiene que tomar el Gobierno. La misma crítica lanzó el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquís en España (ATIME), Kamal Rahmouni, quien advirtió de que "la regularización no se puede dejar sólo en manos de los empresarios".
EN EL HOGAR En declaraciones a El País , Rumí explicó el pasado fin de semana que los empresarios que desvelen situaciones irregulares con inmigrantes "no serán penalizados". Aunque no lo mencionó, el Ejecutivo lo que persigue es encontrar fórmulas para legalizar a las empleadas del hogar extranjeras que trabajan actualmente sin contrato y cuyos empleadores quieren regularizarlas.
Por último, las asociaciones agrarias reclamaron una reunión con el Gobierno para conocer los detalles del arraigo laboral y para evitar que los empresarios estén "indefensos" ante una posible inspección.
