El Gobierno del PP sacó ayer adelante en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de CiU, la nueva ley de seguridad privada, que amplía de forma significativa las potestades de los vigilantes y que abre la posibilidad a que, en caso de necesidad, la Administración pueda usar a agentes privados como refuerzo de la policía. La nueva norma, que reemplaza a un texto de 1992, ha nacido con un fuerte rechazo de los partidos de la oposición que acusan al Gobierno de "privatizar la seguridad pública" para beneficiar a las empresas de "seguridad privada".
Uno de los puntos más polémicos de la nueva ley es la autorización de la participación de los vigilantes en "la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial". Esto ha llevado al diputado del PSOE, Antón Ramón María Trevín, a alertar de que, con esta nueva ley, "los vigilantes de seguridad podrán ser utilizados para dispersar manifestaciones". Además, en el momento en que actúen bajo las órdenes de la policía los vigilantes pasarán a tener la condición de seguridad pública. Trevín acusó al Gobierno de hacer una ley "para beneficiar a las empresas de seguridad, pues solo sirve para darle nuevas oportunidades de negocio".
La nueva ley, que entrará en vigor tan pronto se publique en el BOE, también permitirá que los vigilantes reemplacen a los policías en la vigilancia del perímetro de las prisiones y de los CIE. Sobre este punto se expresó el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, que denunció "intereses espurios" por la cercanía de los responsables de esas empresas con el Partido Popular. "El ejemplo es la prisa que se han dado en sacar a concurso, por valor de siete millones de euros, la vigilancia del perímetro de las prisiones".
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Otro elemento de la norma que ha generado fuerte rechazo es la autorización que da para que los vigilantes privados patrullen en las vías de los polígonos industriales y las urbanizaciones, algo que hasta ahora no podían hacer. Además, cuando vigilan recintos cerrados, se les autoriza a salir al exterior en caso de que presencien acciones que vayan contra la seguridad del recinto que protegen.
Desde la oposición se denuncia también que la ambigüedad de la redacción de la ley, que tras una modificación todavía permite textualmente "la vigilancia y protección de recintos abiertos que se encuentren delimitados", abre la vía a que los vigilantes puedan patrullar en plena calle.
La ley permite por primera vez que las fuerzas policiales faciliten información a la seguridad privada, incluso datos personales. La norma permite a los vigilantes de seguridad llevar a cabo identificaciones aunque, durante su trámite por el Senado, se eliminó el apartado que les autorizaba incluso a hacer averiguaciones sobre la persona.
El diputado del Partido Popular Conrado Escobar defendió la ley asegurando que garantiza "más y mejor seguridad para todos los españoles" y se mostró partidario de una mayor participación de la seguridad privada pues "será de ayuda para las fuerzas de seguridad".
