Salvo que la tardana resolución del Tribunal Supremo lo desmienta, el más perjudicado por la hipotética devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) a los clientes en Aragón sería el propio Ejecutivo autonómico, que según los cálculos que ha venido exponiendo el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, en sus últimas comparecencias, tendría que hacer frente al reintegro de unos 90 millones de euros correspondientes a alrededor de 3.000 expedientes.
En su última intervención, la pasada semana, Gimeno admitía que uno de los condicionantes que más incertidumbre genera en torno a los ingresos del Gobierno de Aragón es precisamente el IAJD, bastante «paralizado» como consecuencia de la incertidumbre que genera el resultado final de la sentencia.
Con los últimos datos, hasta el mes de agosto, este tributo cedido por el Estado a la comunidad autónoma había supuesto 47,3 millones de euros en derechos reconocidos (las cantidades que se han de cobrar, aunque aún no se haya hecho), 10 millones más que el año anterior, que prácticamente se habían recaudado en su totalidad (47,1). No todo el montante deriva de hipotecas, pero sí en su mayor parte, y ha venido creciendo al calor de la reactivación del mercado inmobiliario.
En fiscalidad-ficción, este sobrevenido agujero de 90 millones en las arcas públicas supondría aumentar un déficit que en agosto se situaba en un 0,01% del Producto Interior Bruto (PIB), con 5 millones de euros, a uno del 0,19%, aun así inferior al objetivo del 0,4% para final de año. Pero estos cálculos no se contemplan, entre otras cosas porque, como avanzó Gimeno la semana pasada, las comunidades intentarán buscar soluciones en bloque, junto al Estado.
De hecho, el mismo día que se conoció la primera resolución del Supremo, ahora cuestionada, la DGA ya comenzó a tramitar los futuribles documentos de reclamación en Consumo.
