El consejero de Obras Públicas y actual presidente del consejo de administración de Plaza, Rafael Fernández de Alarcón, arrojó ayer una nebulosa de sospechas sobre la gestión anterior a su llegada a la plataforma. Dijo que fallaron los controles jurídicos y técnicos, que en su opinión, fueron "insuficientes". Este hecho posibilitó que según un informe de parte, que él mismo encargó, falten en la sociedad 104 millones por obras mal certificadas, o por revisiones de precios "inadecuadas".

Fue la última sesión de la comisión de investigación sobre Plaza. Han pasado 59 personas. Fernández de Alarcón contradijo a la mayoría de ellos. La opinión unánime ha sido que los controles han sido suficientes. Pero el consejero, en una declaración que duró dos horas, fue tejiendo una maraña de acusaciones veladas hacia el pasado. Dudó de los servicios jurídicos, que incumplían, dijo, la ley que regulaba la plataforma --el punto 6.3--. "Nos encontramos con cláusulas que no eran convenientes, o había modificaciones que no constaban en las actas del consejo", aseguró. De ahí que cambiase todo el sistema, y ahora son los servicios jurídicos los que se encargan de todo cuento tiene que ver con esta empresa. "Es más económico, y nos advierten de las cosas incorrectas", soltó con cierta sorna.

Llegó a decir que se ha incumplido el derecho administrativo. "Los controles técnicos y jurídicos han sido insuficientes", aseguró. Lo que permitió que se diesen por buenas obras inacabadas o no certificadas por 104 millones de euros. Y puso como ejemplo de actuaciones que no solo no estaban terminadas, sino que ni siquiera llegaron a funcionar, el servicio de videovigilancia. El sistema había costado 3 millones de euros, pero cuando Alarcón se hizo cargo de la plataforma "solo había cables". Habló también de que encontró 8 o 9 obras sin concluir, por valor de 9 millones.

Dudó de los procesos de contratación. No ya de los negociados, sino de todas las modificaciones y complementos que se hicieron en algunas obras y que, en su opinión, estaban "por encima de los límites". Algo que deberían de haber controlado los servicios jurídicos, pero que no lo hicieron. "No lo estaban haciendo bien", dijo.

Tampoco pusieron ningún reparo a la prórroga del contrato de Intersa-Inarsa, que terminaba en el 2005 y que todavía se está resolviendo. "Me sorprendió que se le pagasen 15 millones de euros, el doble de lo previsto. Además se hizo a través de la UTE, algo que no había conocido en mi vida. Es decir, la dirección técnica recibió el dinero a través del contratista", explicó. Faltaron controles financieros por parte de Intervención del Gobierno de Aragón. Son inexistentes desde el 2007 hasta el 2010. "No sé por qué no se hicieron, pero yo pedí uno nada más llegar".

Alarcón negó que él propiciase la denuncia que terminó en el proceso judicial abierto en Plaza. Explicó que fue el gerente, Jesús Andreu, el que se llevó los informes a Fiscalía anticorrupción. "Yo le pedí que no lo hiciera porque no estaban firmados y me enfadé mucho cuando lo hizo. Le dijimos que no procedía. Pero luego consideramos que podía seguir al frente de la plataforma por mayoría en el consejo de administración", relató el consejero. Negó además que se remitiesen con retraso las alegaciones al Tribunal de Cuentas, lo abrió otro de los casos.