En torno a un centenar de viviendas son okupadas ilegalmente en Aragón cada semestre, según las estadísticas del Ministerio del Interior. Este año, entre enero y junio, fueron allanadas 94 casas, frente a las 104 del mismo periodo del año pasado.

El problema, que revela de una forma cruda las dificultades para encontrar alojamiento de una parte muy desfavorecida de la población, se está viviendo de forma acuciante estos tiempos en la ribera del Huerva, en el extrarradio de Zaragoza.

Se trata de localidades como Cuarte, María y Cadrete. En esta última, desde que empezó el verano han sido allanados cinco inmuebles, desde chalets deshabitados propiedad del denominado banco malo (Sareb) hasta casas temporalmente desocupadas, segundas residencias y edificios a medio terminar.

Esta proliferación de okupas no ha pasado inadvertida para los vecinos, que el domingo de la semana pasada se manifestaron ante una villa okupada «por delincuentes y personas buscadas por la justicia» para exigir su expulsión y el incremento de la vigilancia policial, dado que la llegada de extraños genera mucha inseguridad. «Esta serie de viviendas ocupadas ilegalmente ha puesto de manifiesto que Cadrete necesita una Policía Local por razones de seguridad», subraya Alberto Martínez, concejal de Ciudadanos en Cadrete, que está gobernada por su partido, el PP y Vox.

Sin Policía Local en Cadrete

«Si Cadrete no cuenta con efectivos propios de policía en el 2021, Ciudadanos no apoyará los presupuestos del próximo ejercicio», afirma Martínez con rotundidad. El concejal de la formación naranja hace notar que Cadrete, que ya tiene 4.400 habitantes, carece de un servicio del que sin embargo sí disponen Cuarte y María de Huerva. «La Guardia Civil cubre nuestro término, pero tiene pocos efectivos y vienen de cuarteles que a veces están muy alejados, por lo que se pierde efectividad», señala el responsable municipal.

Alberto Martínez manifiesta que existen pruebas de que los okupas de Cadrete no llegan allí al azar, sino que son en cierto modo «instalados» por una organización mafiosa que les informa de la ubicación de las casas vacías y facilita su entrada en ellas a cambio de unos honorarios de intermediación que ascienden a 600 euros.

Desde su punto de vista, el allanamiento de propiedades ajenas se ha acentuado a raíz de la terminación del confinamiento, que ha llevado a algunas familias a buscar residencias alternativas para evitar el contagio.

En María de Huerva se han okupado ilegalmente en fechas recientes dos viviendas unifamiliares, una propiedad de un banco y otra usada como segunda residencia, en la calle Valle de Tena. «En ambos casos, los intrusos se han ido voluntariamente debido a la presión vecinal y de la Policía Local», apunta Javier Zárate, concejal de ciudadanos en la localidad, de 6.300 habitantes.

En una de la casas, los ocupantes se metieron varias horas aprovechando que los dueños estaban de vacaciones en el Pirineo. «Llegaron a exhibir un falso contrato de alquiler escrito a mano», continúa el representante político, que recuerda que llegaron a formarse patrullas vecinales para vigilar la urbanización, en la que hay varias casas vacías como consecuencia de la crisis económica, los desahucios y la caída de las ventas en el sector inmobiliario.

«Poco a poco el panorama cambia y llegan nuevos vecinos porque los unifamiliares se ofrecen a mejor precio y se venden», explica Zárate. La propia Sareb, indica, está arreglando las viviendas deshabitadas porque confía en encontrar compradores. «Nos estamos enfrentado a un perfil de okupa que no se mete en una casa ajena por razones ideológicas o por haberse arruinado, sino porque ha hecho de la okupación ilegal una forma de vida, una profesión», dice el concejal de María de Huerva.

«Pienso que cada caso es distinto y que, en cualquier caso, deben actuar los servicios sociales, valorar si la okupación se debe a una verdadera necesidad o es una forma expeditiva de buscarse alojamiento», opina Alberto Martínez.

En la cercana localidad de Cuarte de Huerva, han sido allanados un piso y un terreno. Los dos casos están en proceso de solución, informa Ricardo Kong, concejal de Urbanismo, que señala que se ha denunciado y avisado a los bancos propietarios.