El nuevo bono social, que supone un descuento de hasta el 100% en la factura de la luz para los hogares con menos recursos, está teniendo una tibia acogida en Aragón. Al cierre del pasado mes de agosto, solo 20.716 consumidores de la comunidad se han acogido a esta fórmula renovada, según los datos facilitados por Endesa, la distribuidora de referencia en este territorio. Esto supone una pérdida del 68% de los beneficiarios que había (64.700) cuando el Gobierno de Rajoy cambió su regulación en octubre del año pasado, por lo que se estima que la merma al final del proceso rondará el 50% o 60%.
A partir del próximo 8 de octubre, aquellas personas que no hayan tramitado la renovación del bono social lo perderán de forma momentánea, aunque posteriormente podrán solicitarlo de nuevo. No obstante, el nuevo Gobierno estudia ampliar el plazo y modificar las condiciones para ampliar los perceptores.
A nivel nacional se repite la misma tendencia. Solo 706.285 clientes tienen aprobado el nuevo bono social (dato del 2 de septiembre), según el Ministerio para la Transición Ecológica, es decir, 1,7 millones de usuarios menos que los que estaban adscritos a la antigua modalidad (2,44 millones).
Más restricciones / Una de las principales razones que explica este descenso es que desaparece la categoría a la que se acogían más hogares, la de tener contratada una potencia de menos de 3 kW. De hecho, más de la mitad de las familias aragonesas suscritas al antiguo bono social pertenecían a este grupo. En concreto, 37.140 hogares de la región, el 57,4% del total de beneficiarios, y alrededor de 1,5 millones en el conjunto de España.
Lo que parece claro es que han fallado las estimaciones realizadas en su día por el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, cuando acometió la reforma. Hace un año se estimaba que unos 2,5 millones de hogares se beneficien del nuevo bono social, equivalentes a 7,5 millones de personas, una cantidad superior a los 4,5 millones en situación de pobreza energética que identifica el INE. Las estimaciones de las compañías eléctricas ha sido siempre inferiores y apuntaban a que cuando finaliza el plazo para apuntarse al nuevo sistema el número de perceptores habrá caído a entre 1 y 1,1 millones, en torno al 5,4% del total.
El potencial de beneficiarios en Aragón que barajaba el anterior ministerio debía rondar las 75.000 familias, teniendo en cuanta que la región representa en torno al 3% de los suministros eléctricos de todo el país. Esta cifra está muy lejos de cumplirse.
Críticas / La reforma del bono social fue acogida con críticas por colectivos sociales y de consumidores, que advertían de que un elevado número de familias en situaciones de vulnerabilidad perderían la bonificación. «La realidad ha demostrado que teníamos razón. Es evidente que un colectivo de personas han sido expulsadas del descuento», aseguró ayer a este diario el secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), José Ángel Oliván, quien achaca las razones del brusco descenso de beneficiarios al «endurecimiento» de las condiciones de acceso a la ayuda y la «elevada burocracia» para solicitarla. «Las comercializadoras del último recursos han sido reacias y no han puesto facilidades para tramitar las ayudas», lamentó.
Otro de los motivos a los que atribuyó la caída son las «agresivas» y, en ocasiones, «tramposas» campañas comerciales que han llevado a cabo algunas comercializadoras eléctricas para que los consumidores abandonen la tarifa regulada (denominada PVPC) y se pasen al mercado libre, lo que impide poder acogerse al bono social. «Las compañías han presionado con engaños y descuentos como gancho para forzar el cambio pero sin explicar ni informar al consumidor de que perdía el descuento», aseguró.
Oliván confió en que la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, resuelva algunas de las lagunas de la reforma de esta ayuda, como ya se ha comprometido hacer. Uno de los cambios que consideró necesario es precisamente que también los consumidores del mercado libre puedan acceder al bono social o que puedan volver a la tarifa regulada sin penalización.
Más plazo y cambios / El departamento que dirige Ribera prepara varias medidas para tratar de alcanzar al menos los 1,5 millones de beneficiarios en toda España, además de no descartar ampliar dicho plazo para aumentar aún más la cifra. Por lo pronto, el ministerio ha empezado a fomentar la solicitud de estas ayudas con publicidad sobre el bono social en radios y televisiones. Además de flexilibilizar las condiciones y la tramitación para elevar el número de perceptores, el Gobierno central quiere que los consumidores vulnerables dispongan de una ayuda complementaria para la calefacción.
El bono social eléctrico creado en el 2009 suponía una ayuda en la factura de la electricidad de los «consumidores vulnerables», entendiendo por tales aquellas familias con una potencia contratada inferior a 3 kW, fuera cual fuera su situación económica; los pensionistas con pensión mínima; las familias numerosas y aquellas que tuvieran a todos sus miembros en desempleo. La reforma aplicada por Álvaro Nadal elimina al grupo de usuarios por debajo de 3 kW.
El Gobierno tiene una web que explica los requisitos y los trámites para pedir el bono social y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuenta otra para saber si se es un beneficiario potencial.
