La Cámara de Cuentas de Aragón prepara un informe sobre el seguimiento que tuvieron sus recomendaciones por parte del Gobierno de Aragón durante la pasada legislatura, según anunció el presidente del ente fiscalizador, Alfonso Peña, durante la presentación del análisis de la cuenta general del 2017, ayer, en las Cortes. Un análisis que parece pertinente dado que, como señaló la oposición, las recomendaciones de la Cámara se repiten en muchos casos cada año, al no corregirse por parte del Ejecutivo y las administraciones.

En parte, eso sí, se puede achacar a la demora que llevan estos informes, con la que Peña se comprometió a ponerse al día de cara al año que viene. En pocos meses se han presentado en el Parlamento autonómico los informes sobre las cuentas del 2016 y el 2017, pero confía en que el año que viene puedan acelerar los estudios y cumplir, por una vez, lo que marca la legislación sobre elaborar los informes al año siguiente del periodo analizado.

Aun así consideró que muchas de sus recomendaciones son «fáciles de cumplir», a poco que haya voluntad, por ejemplo computando las partidas donde les corresponde. No deja de ser llamativo que, como destacó José Luis Saz, de Ciudadanos, 18 de las 20 recomendaciones del informe del 2017 sean las mismas que las del 2016.

Peña desgranó ante los diputados las principales conclusiones del informe, que ya se conocieron el pasado mes de julio, e incidió en algunos aspectos como el «alarmante» nivel de temporalidad entre el personal de la DGA, de un 45,8%.

Deuda

Además, el presidente de la Cámara de Cuentas destacó la «delicada situación» en la que coloca a la comunidad el continuo aumento de la deuda pública, que este año, con los 361 millones de euros que se prevén, alcanzará los 9.171 millones. Y con el sistema actual, la comunidad «deberá seguir endeudándose para cumplir con los servicios».

Peña se negó a hacer valoraciones sobre el sistema de financiación autonómica o la Ley de Estabilidad presupuestaria, al ser de carácter político.

Salvedades

La Cámara de Cuentas dio el visto bueno a las cuentas del 2017, pero el debate, como es normal, se centró en las salvedades y consideraciones. Algunas muy llamativas, como los 211 millones de euros en contratos sin el preceptivo expediente, la mayor parte de ellos (182) en el Salud, y gran parte de estos por compras farmacéuticas. También destacó los gastos que sistemáticamente se imputan al ejercicio siguiente, como 111 millones en complementos retributivos. El presidente del órgano, Alfonso Peña, consideró que las cuentas públicas tienen siempre una infradotación para gasto corriente cercana a los 300 millones de euros, que en el 2017 se quedaron en 272, paliados con modificaciones de crédito, hasta 253 millones.