Ola de indignación política. La decisión del Tribunal Supremo, que reculó al dictaminar que sean los clientes quienes paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en las hipotecas y no los bancos, como había establecido hace casi tres semanas, desató ayer estupor. Unidos Podemos fue la formación política que llegó más lejos al llamar a llevar a cabo una «gran movilización cívica» este sábado a partir de las 18 horas frente a la sede del Tribunal Supremo.
Pero no fueron los únicos en reprochar la actitud de la justicia y en manifestar su indignación a través de declaraciones u opiniones mediante sus redes sociales. El rechazo se extendió prácticamente por todo el arco parlamentario. El PSOE, unas de las formaciones políticas más comedidas en sus afirmaciones, manifestó su respeto a los fallos judiciales y señaló que «corresponde ahora a los poderes ejecutivo y legislativo examinar y conocer la motivación de la misma y tomar decisiones». «Es lo que haremos», aseguraron.
De igual manera, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, calificó de «incomprensible» la decisión del Tribunal Supremo y llamó a legislar en el Congreso y en el Senado para garantizar los derechos de los ciudadanos y evitar así este tipo de situaciones. En este sentido, el portavoz de Economía en el Congreso, Toni Roldán, dijo en la cámara baja que Ciudadanos estudiará en los próximos días presentar una iniciativa para cambiar la regulación y ofrecer certidumbre a los ciudadanos y al sector financiero. Ante la manifestación que ha convocado Podemos el próximo sábado frente a las puertas del Tribunal Supremo en Madrid, Roldán pidió «no generar histrionismos».
El secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúndez de Castro, que resaltó que era «difícil de entender» que el tribunal dictaminara «una cosa y su contraria».
El representante popular aseguró que buscarán el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para «modificar cuantas leyes tributarias sea necesario para que quede claro, de cara al futuro, quién es el sujeto pasivo de esos impuestos». «Hay que defender a los consumidores, que son siempre los más vulnerables», dijo.
INDEPENDENCIA EN DUDA
Varios dirigentes de Podemos, como el secretario general, Pablo Iglesias o el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, criticaron duramente la decisión judicial. La formación morada, una de las que más reprochó la actitud del trinbual a través de numerosas opiniopnes a través de las redes sociales, denunció que la «independencia» de la máxima instancia judicial ha quedado en «entredicho» tras acordar la Sala de lo Contencioso-Administrativo corregir a la sección que innovó la doctrina y volver a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.
«Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada», escribió el secretario general de Podemos en su cuenta personal de Twitter. Y llamó a convertir «la vergüenza y la rabia» ante esta decisión en «una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría».
Por su parte, ERC y el PDeCAT también criticaron la «falta de independencia» del poder judicial y aseguraron que pedirán la dimisión del presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, que ha sido cuestionado incluso desde dentro del alto tribunal.
La diputada de ERC Carolina Telechea señaló en el Congreso que la decisión del Supremo de hacer pagar al cliente este impuesto es un «claro ejemplo de que no hay separación de poderes y que la banca está por encima de todos». «Esto no ocurre en cualquier país democrático», señaló tras mostrar su sorpresa por la rectificación de una sentencia del Tribunal Supremo dictada hace tres semanas.
LA REACCIÓN SINDICAL
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que la justicia «se ha vuelto a poner de nuevo del lado de los más poderosos». Para Álvarez, este nuevo cambio de criterio del Alto Tribunal genera «inquietud, incertidumbre y desconfianza de la ciudadanía en la justicia», sobre todo después de que hace unas semanas el mismo Supremo cambiase la doctrina presente hasta este momento fallando a favor de los clientes. «Supone un retroceso en la consideración social de la vivienda como un valor social», indicó el líder ugetista.
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aprovechó para cargar contra la justicia y advirtió de que «o se acometen reformas serias, o pronto no quedará nadie que crea en la justicia española». «Una cúpula judicial fuerte con los débiles y débil con los poderosos representa una grave crisis de legitimidad democrática» sentenció.
