La escuela concertada tendió «la mano» ayer a la Administración, a la que reclama «diálogo» para trabajar «de manera conjunta» en la escolarización de los niños aragoneses. La patronal -Escuelas Católicas de Aragón y CECE-, los sindicatos FSIE y USO y la asociación de padres de alumnos Fecaparagón, recordaron, ante la no renovación del concierto de nueve aulas que, según el sector, planea la DGA -PSOE y Podemos acordaron la supresión de hasta 28 para la aprobación de los presupuestos- que «el derecho a la elección de centro corresponde únicamente a los padres, no a los poderes públicos y, por consiguiente, la demanda de las familias debe ser respetada y tenida en cuenta por la Administración para la programación y planificación de los centros».

El sector presumió de apostar «por una escuela inclusiva, de libre acceso, siguiendo la misma normativa de admisión de alumnos que los centros públicos» y se considera «pionera» en la atención a la diversidad, «realizando, con una evidente insuficiencia de medios, una excelente tarea educativa y social con todos sus alumnos y en especial con aquellos con necesidades especiales».

La mano tendida de la concertada no suprime, en todo caso, las movilizaciones convocadas en contra de esa supresión de conciertos. Ayer, el colegio Santo Domingo de Silos, en el zaragozano barrio de Las Fuentes -uno de los que podría perder un aula-, fue el escenario de la primera protesta en la calle, que reunió en la entrada del centro a algo más de un centenar de personas entre trabajadores, padres y alumnos para exigir «cordura y diálogo» a la Administración. Sigue en pie, asimismo, la manifestación programada para el 4 de abril.

La concertada insiste en que sea la demanda social la que determine esa no renovación de aulas concertadas y que esa supresión no se ejecute antes de conocer las solicitudes con las que cuenta cada centro. «Estamos cabreados porque no entendemos por qué se nos ha señalado, generando una alarma social entre padres y trabajadores. Hemos perdido 50 unidades en 30 años adaptándonos a la demanda social. Por eso no entendemos que se nos señale en una negociación política que no tiene nada que ver con nosotros», indicó Ángel Muñoz, presidente del Comité de Empresa del colegio. «Nos sentimos monedas de cambio. Han ido atacando a los buques insignia de la concertada en Aragón y nosotros somos el más grande en unas circunstancias difíciles, como sobrevivir en un barrio con las dificultades de natalidad que tiene», añadió Muñoz.

A DEMANDA // En este sentido, defendió que «siempre nos hemos adaptado a la demanda social. Llevamos 30 años acoplando la plantilla al descenso de natalidad y al envejecimiento del barrio. Por eso, no aceptaremos que nos quiten una unidad con demanda por una mera negociación política coyuntural. Defenderemos nuestro colegio del asalto al que nos vemos sometidos», añadió.

El centro, que acoge a 360 alumnos inmigrantes de 36 nacionalidades diferentes, advierte de que «se está generando alarma social porque hay padres que entienden que no pueden traer aquí a sus hijos porque quizás no tendrán plaza, cuando hay sitio para todo el mundo».

La reivindicación de Santo Domingo de Silos se une a la que en las últimas horas se ha llevado a cabo también desde otros centros, como San Gabriel (Zuera). Este último se dirigió ayer a los «responsables de la DGA», así como «al señor Echenique y miembros de Podemos», a los que expuso que «somos un colegio religioso, pero no nos juzguen con clichés que recuerdan más al siglo XIX», apuntó Juan Ignacio Villar, titular de Pasionistas. «No busquemos enfrentamientos entre pública y concertada. En las guerras pierden todos, incluso el que las gana», dijo.